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La Federació de Veïns de Palma pide que se busque otro sitio para el centro de inmigrantes

La FAAVV considera «curioso» que «una Isla que recibe cada año a millones de extranjeros no disponga de un espacio específico y permanente para atender situaciones de irregularidad administrativa de extranjeros.

| Palma |

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAAVV) insta al Gobierno, al Govern y al Ajuntament de Palma a «coordinarse para, con cargo a los fondos del Gobierno central, encontrar un lugar más habitable y con mejores condiciones» que el solar municipal elegido en s'Aranjassa para el despliegue de un nuevo centro de atención temporal de extranjeros. La Federació considera que el lugar adecuado «por descontado, tampoco son los calabozos de la Policía Nacional ni la Estación Marítima».

Desde la entidad se indica que, ya que se trata de una atención durante un máximo de 72 horas, «se debería incluso valorar la opción de contratar un espacio en algún hotel, pensión o albergue, pese a lo cual es urgente encontrar un espacio institucional ya construido y adecuado».

En todo caso, la FAAVV considera «curioso» que «una Isla que recibe cada año a millones de extranjeros no disponga de un espacio específico y permanente para atender situaciones de irregularidad administrativa de extranjeros, que no tienen nada que ver con situaciones delictivas».

El criterio que guía el posicionamiento de la Federació, se indica en un comunicado de prensa, es «es el respeto a los Derechos Humanos y, por tanto, es imprescindible que estas personas sean atendidas en condiciones dignas, en un espacio adecuado a las necesidades más básicas, como es la salud, la higiene, la alimentación y la protección de las inclemencias del tiempo».

El solar elegido, se añade, «no parece adecuado para que se puedan cumplir estos requisitos básicos, sobre todo por ser una zona bastante insalubre, con malos olores por estar junto a una depuradora, inundable, llena de mosquitos y con ruido procedentes tanto de la depuradora como del aeropuerto».

Por último, la entidad defiende que «los gastos derivados de la estancia de estas personas deben ser asumidos por el Estado, que es quien tiene la competencia en materia de extranjería, y no ser cargados al gobierno municipal o autonómico».

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