El Ajuntament está decidido a regular el precio del alquiler de la vivienda en Palma y para ello la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que reclama al Gobierno central que se den a las administraciones locales las competencias necesarias para limitar los precios de los alquileres y hacer frente así a la emergencia habitacional.
La edil informó este lunes de que la carta contiene una batería de demandas muy concretas, la primera de las cuales es la publicación por parte del Gobierno del índice de precios de los alquileres de viviendas para limitar los incrementos de precios en las zonas tensionadas, entre las que se encuentra Palma, y que se faculte a los municipios a adoptar medidas coyunturales y temporales en relación a la regulación de los precios de la vivienda.
Esta regulación podría incluir no solo la prohibición de subir los precios del alquiler hasta cierto límite sino también la obligación de bajar algunas rentas, como ha pasado ya en otros lugares que han regulado los alquileres.
También se reclama el diseño de incentivos económicos para la movilización de la vivienda vacía y para el desarrollo de los programas de mediación entre propietarios e inquilinos para incentivar a los primeros que ofrezcan un alquiler social.
Otra de las demandas es que se faculte a las entidades locales para poder gravar fiscalmente a través del IBI aquellas dinámicas que dificultan el acceso a una vivienda digna y asequible, como es el caso de las viviendas desocupadas o el alquiler vacacional.
Cort considera vital aumentar el parque público de viviendas. Actualmente gestiona un parque de casi 400 viviendas destinadas a un fondo social para atender situaciones de emergencia habitacional, lo que no llega al 1 % del total de viviendas, frente al 2,5 % a nivel estatal y el 10-15 % de media europea. Por eso, solicita al Estado que, sin perjuicio de la competencia autonómica en vivienda, «se refuerce y facilite el papel de agente promotor de vivienda pública por parte de los ayuntamientos en los planes estatales de vivienda y otros mecanismos de apoyo económico».
Por último, se reclama que «se amplíe el Código de Buenas Prácticas suavizando algunas de las restricciones o que se regule la moratoria de manera más ambiciosa».
El precio de la vivienda sube un 53 % en Palma entre 2014 y 2019
En la misiva, la regidora recuerda que el aumento del precio de alquiler y de compra de vivienda ha sido desproporcionado en Palma los últimos años: un 53 % entre los años 2014 y 2019, según el Banco de España, «la cifra más alta entre las capitales del Estado».
A esta tendencia se añade «la difícil situación en que se encuentran muchas familias debido a la crisis de la COVID-19 y que se manifiesta ya en las cifras del paro: el mes de abril se registró un aumento del 62 % respecto al mismo período del año anterior».
Si antes de la crisis sanitaria el problema del acceso a la vivienda ya era preocupante y el pago del alquiler suponía dedicar más del 30 % de los ingresos de muchas unidades familiares, «ahora con la actual emergencia sanitaria la situación es aún más grave». Esta emergencia social, apunta Truyol, «ya se ha reflejado en el espectacular aumento de la demanda a la Oficina antidesahucios».