El Ajuntament de Palma ha anunciado este jueves que esta semana se ha reanudado la segunda fase del desalojo del poblado de Son Banya. Además, se ha publicado el anuncio de licitación de la demolición de los 95 albergues que aún quedan en Son Banya y donde viven unas 85 familias.
Las obras tienen un coste de 917.575 euros y se ajustarán a los procedimientos y desalojos previstos. El plazo de ejecución es de 45 meses y las ofertas se pueden presentar hasta el 16 de junio a las 14:00 horas.
El Pacte de Cort ha informado que, «de esta manera se da un paso más para la erradicación definitiva del poblado, que había quedado parada debido al estado de alarma provocado por la COVID-19».
El Consistorio ha precisado que, «a diferencia de la primera fase, en esta ocasión los demoliciones no se harán por albergues sino por islas para mejorar la seguridad y la efectividad del proceso. Una vez derribadas se construirá un talud para evitar que se vuelvan a levantar nuevas construcciones».
Cort ha informado que «el derribo para albergues de manera individual presentaba grandes dificultades cuando, por falta de información detallada de las construcciones, aparecían estructuras compartidas entre los albergues o construcciones no documentadas. La experiencia de la primera fase nos permite afrontar esta nueva etapa de desalojos con más garantías», ha explicado el teniente de alcalde de Cultura y Benestar Social, Antoni Noguera.
Bienestar Social estima que 68 de las 85 familias que residen necesitarán ayuda para encontrar una alternativa habitacional, ya sea con una vivienda o con ayuda económica.
Inicialmente el programa de desalojo previó alcanzar un total de 80 familias que necesitarían ayuda social, de ellas ya en la primera fase han entrado al programa 12 familias: 8 fueron realojadas en vivienda pública en régimen de alquiler, 3 recibieron ayudas económicas (con un coste aproximado de 3000 euros cada una para poder conectar el suministro de agua a sus hogares) y una familia rechazó la vivienda que se le había adjudicado.
El pasado mes de febrero se aprobó la adjudicación del servicio para la defensa técnica y representación en los procedimientos de desalojo por valor de 183.501,47 euros y se adjudicó un primer lote de defensa técnica a la empresa Gabinete Bebido SLC para un importe de 136.125,06 euros.
El mes de marzo se firmó el contrato con las empresas adjudicatarias de los servicios que quedaron suspendidos temporalmente debido a la parálisis de la administración judicial. A medida que se reiniciando la actividad judicial se iniciarán los procesos de órdenes de desahucio.