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La readmisión de cargos policiales amenaza la unión del Pacte de Cort

La edil Sonia Vivas, en un pleno de Cort, entre los regidores Neus Truyol (Més) y Francesc Dalmau (PSOE). | Jaume Morey

| Palma |

El equipo de gobierno de Cort se enfrenta a una nueva crisis tras las acusaciones de la regidora de Justícia Social, Sonia Vivas (Podemos), contra la edil de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover (PSOE), por la reincorporación a sus antiguos puestos de mandos de la Policía Local acusados en la presunta trama de corrupción del ‘caso Cursach'.

Vivas ha publicado estos días en las redes sociales mensajes en los que afirma que «en Podemos nos oponemos a que policías imputados patrullen la ciudad (...). Es prioridad garantizar los derechos de los denunciantes de corrupción» o que « policías encausados por 17 delitos y banda criminal no pueden ser jefes de los policías honestos que les denunciaron. Es algo obvio que no ve la concejala de Seguretat».

Vivas había convocado para este lunes una rueda de prensa que suspendió tras ser llamada a su despacho por el alcalde de Palma, José Hila, quien seguramente por este motivo llegó 10 minutos tarde al acto de homenaje a Emili Darder. La edil podemita había previsto incluso, en un primer momento, hacer declaraciones en la misma Porta del Camp donde se celebraba este acto para después asistir al mismo. Cosas ambas que finalmente no hizo.

Discusión a gritos

Los tres partidos que gobiernan en Palma guardan silencio hasta la reunión que han convocado para mañana para abordar este asunto. El lunes, ni desde Podemos (Alberto Jarabo estaba de vacaciones), ni el líder de Més, Antoni Noguera, ni Hila quisieron hacer declaraciones al respecto.

Este asunto provocó la semana pasada, tras la Junta de Gobierno, una fuerte discusión a gritos entre Vivas y Adrover hasta el extremo de que, según una fuente, «casi hubo que separarlas». Vivas reprochó a Adrover su actuación y ésta al final se marchó dando un portazo.

Vivas pide reunirse con la defensora de la Ciudadanía

Sonia Vivas reclamó en comisión una reunión urgente con la defensora de la ciudadanía, Anna Moilanen, para abordar el hecho de que «existe una directiva europea desde hace un mes y medio que protege a los denunciantes de la corrupción e insta a las instituciones a protegerles». De esta forma, dijo la regidora, «se podrán abrir las vías de comunicación precisas por si algún denunciante de prácticas corruptas se pone en contacto con esta oficina».

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