Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil inspeccionaron el Depósito Municipal de vehículos de Son Toells en mayo de 2017 y en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, ya se advirtió de que el terreno, que es propiedad del Ajuntament de Palma, «no está impermeabilizado, por lo que si alguno de los vehículos que se depositan tiene algún tipo de fuga de líquido, ya sea refrigerante, combustible o aceite de motor, éste cae directamente a la tierra, pudiendo crear filtraciones».
La inspección estaba motivada por la denuncia presentada por un ciudadano sobre un posible incumplimiento de la normativa en materia medioambiental, concretamente por la contaminación del suelo, un espacio rural, en que se depositan los vehículos.
El informe que realizaron los agentes de la Benemérita fue trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente, que decidió abrir diligencias que podrían dar lugar a la imputación de responsables del Consistorio palmesano.
El Seprona también informó del resultado de la inspección a la Conselleria de Medi Ambient y al Ajuntament, por lo que éste no podrá alegar desconocimiento ante la instrucción de la Fiscalía.
Desde entonces, nada ha cambiado en el depósito municipal, donde no se han tomado ninguna medida para cumplir con uno de los requisitos técnicos más importantes que la legislación requiere para este tipo de instalaciones que es contar con un pavimento impermeable e instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y de separación de grasas.
Como ya informó este periódico, el pasado 27 de mayo se presentó una nueva denuncia de un particular por delito continuado contra el medio ambiente en Son Toells. Era la tercera denuncia en este sentido, pues existe una primera de diciembre de 2016.
Parece ser que el equipo de Gobierno de Cort ha decidido al fin tomar medidas y redactará un plan de mejora de la instalaciones para subsanar las deficiencias detectadas. Y es que éste es el segundo delito medioambiental por el que la Fiscalía investiga al Pacte, tras el de los vertidos de aguas mixtas de la depuradora en la bahía de Palma.
Caso de Emaya
La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias por posible delito medioambiental en el depósito de Son Toells, un caso que impulsará una vez que se resuelva la imputación contra la expresidenta de Emaya y actual regidora de Model de Ciutat de Cort, Neus Truyol, y otros cargos de la empresa municipal vinculados a temas de gestión del agua.
Sobre ellos, la Fiscalía mantiene una acusación formal al entender que cometieron un delito medioambiental y malversación de fondos por no tomar medidas para evitar que los vertidos de la depuradora terminen en el mar.
El denominado ‘caso Emaya' ha saltado este mes de agosto y amenaza con dinamitar la cohesión del Pacte, si bien hasta el momento tanto los responsables de Més, como del PSIB y de Podem respaldan a la edil ecosoberanista y en el seno de su partido se confía en que el caso no tenga recorrido judicial.