Un particular ha denunciado al Ajuntament de Palma por delitos continuados contra el medio ambiente por utilizar las instalaciones de Son Toells como depósito para dejar los coches abandonados en la vía pública.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 27 de mayo. En la misma se acusa al Consistorio palmesano de cometer un delito continuado contra el medio ambiente, ya que es la tercera denuncia por los mismos hechos.
La primera tuvo lugar en diciembre de 2016. Exactamente ante la Conselleria de Medi Ambient, el Seprona y el propio Ajuntament de Palma. En mayo de 2017 puso otra ante el Seprona y aportó el plano y la ficha de los terrenos, en los que queda claro que se trata de un espacio rural por lo que no se puede utilizar como depósito de vehículos abandonados.
Irregularidades graves
En mayo de 2018, el Seprona hizo un informe demoledor en el que apunta que el recinto -de tierra en gran parte- no cuenta con medidas de protección. La normativa exige a los desguaces que dispongan de mecanismos para evitar filtraciones de aceite o cualquier otro líquido contaminante que pueda acceder a la tierra. También es obligatorio disponer de un buen sistema de recogida de residuos y líquidos contaminantes.
El Seprona puso los hechos en conocimiento de Cort y de la Conselleria de Medi Ambient, pero durante todo este tiempo las graves anomalías no han sido subsanadas. Por ese motivo, el denunciante ha ido interponiendo numerosas peticiones por registro en el Consistorio palmesano y finalmente una denuncia en el juzgado de guardia. El Ajuntament asumió el mal estado de las instalaciones y apuntó que no tiene dinero para acondicionar la zona. La Guardia Civil también fue informada de que la Policía Local de Palma encerró a los perros de la Unidad Canina en sus jaulas para dejar sitio al depósito municipal de vehículos de Son Toells, noticia publicada en primicia por Ultima Hora.
Es el segundo delito medioambiental continuado por el que está siendo investigado el Pacte. El otro es por los vertidos de aguas mixtas de la depuradora a la Bahía de Palma. En este caso han sido imputados varios altos cargos de la dirección de Emaya durante el pasado mandato.