La intención del tripartito de izquierdas de limitar la velocidad máxima genérica de Palma a 30 kilómetros por hora si revalidan la mayoría en las próximas elecciones locales genera opiniones encontradas, ni partidos políticos ni una parte de los vecinos la ven adecuada. En cambio, sí es pertinente para la Policía Local, las autoescuelas y otros residentes.
Desde la Policía Local, el mayor José Antonio Bravo entiende que «es una tendencia de pacificación del tráfico y de seguridad vial que se lleva aplicando desde hace años en las ciudades europeas». Con esta medida, el mayor considera que «vamos a evitar la siniestralidad viaria y la consecuencia de los siniestros».
El presidente de la Asociación Balear de Autoescuelas, Antonio Romero, se muestra también a favor de esta limitación. «Me parece perfecto que se limite la velocidad, no hay ninguna necesidad de correr a más de 30 kilómetros por hora. Si alguien quiere disfrutar corriendo que se vaya a un circuito, sin poner en peligro a nadie. Una velocidad máxima de entre 30 y 40 km/h está bien, más no me parece correcto».
No obstante, Romero niega que la velocidad máxima genérica actual de la ciudad sea de 40 km/hora, como defiende el ayuntamiento, porque «no se cumple la ley en cuanto a la señalización de esta velocidad máxima, no está bien señalizado, no al menos como marca la ley», asegura. Explica que si se quiere limitar la velocidad general «en cada vía de acceso a Palma se debe poner una señal de limitación de velocidad adecuada y esto no está hecho, por lo que la única velocidad máxima que rige en realidad es la de 50 kilómetros por hora que establece el Reglamento de Circulación con carácter general para el Estado».
Romero recuerda que tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez han intentado limitar esta velocidad genérica. Aún así, informa que los ayuntamientos tienen potestad para hacerlo, «pero han de hacerlo legalmente, correctamente».
El presidente de la Federació d'Associacions de Veïns, Joan Forteza, muestra igualmente su «apoyo total» a esta medida, por cuanto «tiene mucho sentido y es uno de los caminos a seguir hacia la peatonalización integral de los centros urbanos y los barrios».
En cambio, desde la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, su presidente Miquel Obrador defiende que este tipo de medidas se implante «solo en vías conflictivas, por su peligrosidad o molestias, pero no de forma general para toda la ciudad porque 30 kilómetros nos parece poco y afectará a la circulación».
La portavoz del grupo municipal del PP, Marga Durán, es contraria también a la limitación pues «falta un estudio técnico de movilidad que explique la idoneidad de aplicar esta medida a toda la ciudad. Entendemos que pueda aplicarse a zonas residenciales o escolares, pero hay vías en las que la fluidez del tráfico recomienda una velocidad mayor».
Para el portavoz de Ciudadanos en Cort, Josep Lluís Bauzá, «cada zona merece un estudio y un tratamiento individualizado. En Santa Catalina, por ejemplo, no lo vemos mal, no se puede ir mucho más rápido. Pero en otras zonas se debería estudiar primero, lo que no podemos hacer es complicar más la movilidad».
El PI también discrepa de la propuesta del Pacte. «En lugar de nuevas restricciones genéricas, lo que tendría que hacer Cort son actuaciones puntuales para limitar o moderar la velocidad», señala el diputado y candidato por la formación regionalista a la Alcaldía de Palma, Pep Melià.
Por último, desde Vox la consideran «una medida coercitiva más que busca prohibiciones. La semana pasada fueron los perros y ahora es la velocidad», apuntan fuentes de Vox. En opinión de este partido, «quieren prohibir y prohibir para vender cuatro titulares al final de la legislatura. Palma tiene otros problemas como la seguridad, la limpieza o los grafitis. Pedimos seriedad».