El Ayuntamiento de Palma solo cobra una mínima parte de las multas por incumplir las ordenanzas municipales. En concreto, la Policía Local interpuso el año pasado 4.834 sanciones, pero el departamento de Infracciones Generales solo ha ingresado los correspondientes a 641, es decir, el 13,26 % del total.
Cabe precisar que se incluyen todas las multas motivadas por incumplir las ordenanzas municipales (ruidos, suciedad, residuos, etc), excepto las de tráfico que las tramita directamente Seguretat Ciutadana. Además, no se tienen en cuenta las multas que han sido anuladas. Si se toma como referencia el último año completo del gobierno de Mateo Isern, los agentes impusieron 2.091 sanciones y los Servicios Generales cobraron el 86,17 %.
Técnicos
La teniente de alcalde de Funció Pública i Govern Interior, Aurora Jhardi, precisa que el cobro de multas es un tema técnico en el que no entran los políticos. «El cobro de multas es puramente técnico, no político, por lo que desconozco el por qué de los porcentajes», declara. Respecto al incremento de las multas, Jhardi explica que gran parte de las puestas entre 2014 y 2016 fueron anuladas, tras la derogación de la ordenanza Cívica, por lo que no se incluyen en los datos definitivos. Además, subraya que el Ajuntament ha tenido que devolver el dinero a los afectados.
En 2014 se interpusieron 5.690 multas y se anularon el 63,25 %, «la mayoría por la derogación de la ordenanza cívica». Cort ha tenido que devolver 17.014 euros a los ciudadanos. En 2015 se pusieron 6.911 sanciones, de las que el 70,97 % fueron canceladas y se tuvieron que devolver 11.029 euros. En 2016 fueron 6.373, de las que se anularon el 28,07 % y se devolvieron 1.684 euros. Jhardi precisa que la ordenanza Cívica se anuló en 2016, pero los agentes la aplicaron durante todo el año y hasta principios de 2017.
Este ejercicio fueron anuladas el 25,7 % de las sanciones. En 2018 solo se han cancelado el 1,86 % de las multas. En los dos últimos años no se ha tenido que devolver dinero porque no se habían cobrado.
Jhardi sostiene que «la reactivación de la Patrulla Verde en 2017 y las campañas de vigilancia de ocupación de la vía pública han dado lugar a la mejora global en materia de control de este cumplimiento».