Montoro, en el ojo del huracán: La supuesta red de influencias para cambios de leyes a medida previo pago

Un nuevo caso de presunta corrupción sacude el panorama político español en este convulso y poco apacible verano de 2025 desde el punto de vista informativo. El exministro de Hacienda de Mariano Rajoy (PP), Cristóbal Montoro, se encuentra en el centro de una investigación judicial por supuestamente liderar una red de influencias que habría impulsado modificaciones legislativas beneficiosas para empresas del sector gasístico a cambio de importantes retribuciones económicas.

Según ha trascendido en las últimas horas, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha imputado a Montoro, quien ejerció como ministro durante dos etapas diferentes (2000-2004 con José María Aznar y 2011-2018 con Rajoy), junto a una treintena de investigados, por los presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La investigación, iniciada en 2018 y que lleva ya siete años en curso, habría revelado que empresas del sector gasístico contrataron al despacho Equipo Económico (EE), fundado por Montoro, para que utilizara sus contactos e influencia con el objetivo de promover reformas legislativas que favorecieran sus intereses comerciales, como por ejemplo conseguir una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Ardua investigación

El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE tras ser adelantado por La Vanguardia, detalla que la investigación ha destapado al menos dos casos en los que empresas gasísticas habrían contratado los servicios de Equipo Económico para influir en cambios legislativos. La causa ha permanecido bajo secreto de sumario durante la mayor parte de estos años, lo que ha generado críticas por parte de la defensa de los investigados.

Según fuentes judiciales consultadas, los pagos realizados a la consultora habrían sido cuantiosos, aunque no se ha precisado la cifra exacta. La Fiscalía considera que existía un entramado organizado para facilitar estos cambios normativos a medida, aprovechando la posición privilegiada y los contactos que mantenían los miembros del despacho con altos cargos de la administración pública española.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la firma fundada por el exministro se ve envuelta en controversias judiciales. Hace más de diez años ya fue investigada por un caso similar, aunque aquel procedimiento fue finalmente archivado por el juzgado correspondiente y ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid al no apreciarse indicios de delito.

Defensa del despacho

Ante las graves acusaciones, Equipo Económico ha emitido un comunicado en el que niega «de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables» para las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

El despacho ha querido dejar claro que Cristóbal Montoro «dejó la firma a principios de 2008» y que desde entonces «ha permanecido completamente desvinculado» de ella. Además, han denunciado la indefensión sufrida debido al prolongado secreto de las actuaciones durante siete años, calificando esta situación como «absolutamente anómala».

Según explican desde la consultora, su relación con AFGIM se limitó a «realizar un asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico», consistente en analizar la viabilidad de aplicar plenamente la Directiva europea 2003/96/CE, que permitía a los Estados moderar impuestos a industrias con alto consumo eléctrico para mantener su competitividad. Argumentan que en España esta directiva solo se aplicó inicialmente a ciertas industrias, discriminando injustamente al sector de gases industriales.

Repercusiones

Esta imputación llega en un momento de alta sensibilidad política en España, donde los casos de presunta corrupción siguen generando gran impacto mediático y social. Las acusaciones contra un exministro de Hacienda, precisamente encargado de velar por el cumplimiento de las normas tributarias, añaden un elemento especialmente controvertido al caso.

Desde el Partido Popular, formación a la que pertenecía Montoro durante su etapa ministerial, han preferido mantener prudencia ante las informaciones, argumentando que respetan los procesos judiciales y que confían en que se esclarezcan los hechos. Fuentes del partido han recordado que el exministro dejó su despacho mucho antes de su segunda etapa al frente de la cartera de Hacienda.

Por su parte, desde la oposición han criticado duramente estos hechos, calificándolos como un nuevo ejemplo de «puertas giratorias» entre la política y el sector privado. Diversos representantes políticos han pedido una revisión de la legislación sobre incompatibilidades y conflictos de interés para evitar situaciones similares en el futuro. Expertos jurídicos consultados señalan que este tipo de causas suelen ser complejas y pueden extenderse durante años debido a la dificultad para demostrar la relación directa entre los pagos realizados y los cambios legislativos impulsados.

El propio despacho implicado ha manifestado su convencimiento de que este procedimiento concluirá con un archivo, similar al caso anterior que enfrentaron. Finalmente, la consultora ha expresado que está a «plena disposición» del juzgado para «esclarecer los hechos que falsamente se le imputan», y ha advertido que se reserva el derecho de ejercer acciones legales para defender su reputación y la de sus profesionales. El caso seguirá su curso en los próximos meses, mientras la sociedad española observa con preocupación cómo las sospechas de tráfico de influencias y modificación interesada de normativas vuelven a poner en entredicho la transparencia y neutralidad de algunas decisiones legislativas adoptadas en años anteriores que afectan a sectores estratégicos como el energético.