El PP ha sacado adelante este lunes con su mayoría absoluta en el Senado un informe en el que advierte que el pacto entre PSC y ERC para una financiación singular de Cataluña «podría agravar las desigualdades» entre comunidades autónomas, entre otras conclusiones. El documento, recogido por Europa Press, ha sido aprobado por los 'populares' en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en la que llamaron principalmente a expertos en financiación autonómica críticos con el denominado cupo catalán.
«El acuerdo detrae del sistema una importante parte de los recursos, que automáticamente suponen una reducción de los recursos disponibles para el resto», señala el informe del PP, que incide en que «las consecuencias que puede producir esta determinación podrían agravar las desigualdades entre regiones si no se establecen salvaguardas claras. Y este acuerdo no las establece», apostilla. Para el PP, «es cierto que es difícil cuantificar los recursos que quedan detraídos, puesto que el acuerdo es político y no detalla las consideraciones técnicas, pero ello no quiere decir que no se puedan apreciar con claridad los efectos de las estructuras que establece, aunque no puedan ser dotadas de dimensión exacta».
Hacen hincapié en que los comparecientes mostraron de forma mayoritaria una «preocupación importante sobre cómo el acuerdo debilita la solidaridad entre territorios», añadiendo que «es un pilar del sistema de financiación autonómica establecido por la Constitución». Sobre el principio de ordinalidad, señalan que su aplicación es compartida por la mayoría de los expertos «como un indicador de la capacidad fiscal de cada territorio, pero no entendiendo la posición relativa de cada comunidad -en relación a las demás- como una posición absoluta e inmutable».
El PP expone en el documento que los comparecientes coinciden en que el diseño del sistema de financiación autonómica «se debe hacer entre todos, aunque luego se pueda particularizar su aplicación a detalles concretos fruto de las singularidades de cada territorio, pero sin variar la estructura fundamental». En cuanto a la constitucionalidad del acuerdo, manifiesta que casi todos los expertos apuntaron que el sistema de financiación al que daría lugar «no es ni el régimen común ni el régimen foral», los dos sistemas contemplados en la Constitución, por lo que considera que «no se encuentra dentro del marco constitucional actual».