La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han coincidido en pedir la dimisión del fiscal general del Estado tras ser imputado por revelación de secretos y así evitar un «daño reputacional» a la carrera fiscal.
Por contra, la Unión Profesional de Fiscales (UPF), de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación con la que el Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad abrir una causa penal contra Álvaro García Ortiz, y señala que ello «en modo alguno implica desvirtuar la presunción de inocencia» y defiende su actuación en la causa por la que ha sido imputado.
En declaraciones a EFE, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha considerado «irrespetuoso con la institución» que García Ortiz haya anunciado ya que no va a dimitir y considera que tendría que «reflexionar más» porque el daño reputacional «le trasciende a él».
«El daño reputacional a nuestra credibilidad como institución es irreparable» por esta imputación -la primera a un fiscal general del Estado-, «siempre dentro del debido respeto a la presunción de inocencia», ha lamentado Dexeus, quien ha calificado de «desolación» el sentimiento que esto ha producido en el seno de su asociación.
Como ejemplo de esa falta de credibilidad en la que, a su juicio, queda la Fiscalía, ha expuesto que el fiscal al que corresponda hacerse cargo de esta causa no dejará de ser un subordinado del imputado, dada la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal. Es una situación que nunca se había producido, ha señalado.
Entiende, ha dicho, que pueda ser «doloroso» renunciar a un cargo cuando estás convencido de tu inocencia, pero considera que también lleva consigo «asumir determinados costes», como sucede en este caso, en el que se investiga la presunta difusión de datos «reservados» del procedimiento abierto a la pareja de Díaz Ayuso por presunto delito fiscal y falsedad documental .
En el lado opuesto, la UPF, respalda la postura de García Ortiz y defiende como él que la nota informativa a través de la que la Fiscalía presuntamente reveló datos reservados sobre el procedimiento abierto por un presunto fraude fiscal a la pareja de la presidenta madrileña «se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz» como establece el Estatuto del Ministerio Fiscal.
El objetivo, recuerda, era «aclarar las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación con anterioridad a dicha nota. Sin aportar o revelar ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública».
A todo esto añaden, «nuestra profunda preocupación por la presión y el desgaste al que, no sólo la figura del Fiscal General del Estado, sino la institución del Ministerio Público en su conjunto, ya están siendo sometidos y que seguramente con ocasión de la decisión del TS se verá notablemente incrementada».
Por ello hacen «un llamamiento público a la prudencia y a la moderación, al respeto a las personas, a su presunción de inocencia y a la función constitucional ejercida por los fiscales».
Por su parte, APIF, sostiene que la imputación de García Ortiz «da lugar a la pérdida de la consideración de jurista de reconocido prestigio, que exige el apartado 1 del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
"En otras palabras, es absolutamente incompatible ser jurista de reconocido prestigio y, al mismo tiempo, ser imputado por el Tribunal Supremo como posible autor de un delito·, apunta esta asociación en una nota de prensa.
Para APIF, «tras conferirle el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, el estatuto de investigado, a nuestro juicio, ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público».
«No es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier Fiscal y en cualquier asunto», insiste esta asociación.