El 'Plan de acción por la Democracia' aprobado este martes por el Consejo de Ministros plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.
El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.
El objetivo, ha manifestado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del «ecosistema informativo»; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Entre las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.
Transparencia en los medios
En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.
Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, «para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas», y revisará además el marco regulatorio para «garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación».
Entre las reformas previstas en ese área propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Contra la desinformación
El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias «falsas o abiertamente tendenciosas», con indemnizaciones y plazos adecuados. En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que el plan constituye un «primer paso histórico» que aborda las reclamaciones más importantes de la última década en materia de libertad de expresión, afronta por vez primera una «política mediática» y trata de garantizar la «información veraz y de calidad» protegiendo la labor de los periodistas frente a los «pseudomedios» y la desinformación.
Siguiendo la normativa europea recientemente aproada, se pretende «establecer criterios» para definir «qué es un medio» frente a las plataformas «que no son medios de verdad», ha destacado, mediante un registro de medios que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual será reformada a este efecto. Se procurará «blindar el trabajo de la profesión periodística» en desarrollo del artículo 20 de la Constitución y para ello el Gobierno quiere impulsar el secreto profesional que ampara a los periodistas, protegiéndoles además de «acosos externos» mediante «demandas abusivas infundadas» que les impiden realizar su trabajo.
Otra novedad consiste en la regulación demandada desde la UE y el Parlamento Europeo de los grupos de interés o «lobbies» y la obligatoriedad a los partidos políticos de publicar sus cuentas, así como la adopción de medidas para que los diputados y senadores publiquen sus bienes e intereses, algo que ahora deben hacer pero que muchos «incumplen de manera flagrante» y «rebelde», según Bolaños. Y en el ámbito de la lucha contra la corrupción, además de plantear una estrategia para reforzarla, incluye el plan la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la ampliación de la plantilla de fiscales con dos nuevas unidades especializadas.