El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden.
Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament -que podría celebrarse este jueves--, asegurando que su detención era «una posibilidad real en muy pocos días». Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía. Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.
El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo. Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del 'procés' por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas. Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un 'habeas corpus' en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.
También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión. Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación.
El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer. En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.
La del 'procés' no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo -que todavía no se ha pronunciado-- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán. Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.
Será encerrado mientras los jueces lawfare campan a sus anchas, como G. Castellón que lo imputó por terrorismo ¡Cuando desde Europa le dijeron que no existía eso por ninguna parte y para demostrarlo contó con el fallecimiento de un señor francés que padecía de una grave enfermedad de corazón y le dió un infarto a 500 metros donde se estaban manifestando los del Tsunamic. Que también sumó para ese terrorismo a dos policías heridos leves en la manifestación ¿Y que les pasó a los ultras en Ferraz que lesionaron a más de 50 policías y que querían destrozar Ferraz? Absolutamente nada, pues los 9 detenidos salieron sin condena de nada. Obviamente han cerrado esa causa. También esta Aguirre otro lawfare que se inventó la trama rusa del Procés sin pies ni cabezas y que quedó retratado con unos audios que decía que iba a sacar al Gobierno, que le quedaban dos telediarios y que el era la causa. Que usaron dinero público ¡SI! pero que a la semana a escote lo devolvieron ¡TAMBIÉN! pero es igual, los ultrajueces quieren machacar a los independentitas aún sabiendo que ahora el independentismo no es nada en Cataluña. Es que el Pp para ganar elecciones necesita enemigos, ahora van con Venezuela, pero necesitan a Cataluña, porque con el PV no tienen redaños.