Tras más de cinco años de espera y cuatro reuniones en Bruselas, el consenso reina entre socialistas y 'populares' en cuanto al nombramiento de los jueces en nuestro país. El acuerdo para la rúbrica y la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deja atrás el bloqueo político. Era una exigencia de las instituciones europeas, que con su mediación han facilitado un entente que hace solo unas fechas se antojaba imposible. Cuál es la letra del acuerdo y qué derivadas cabe contemplar.
El pacto entre PSOE y PP incluye la renovación de forma inmediata de los veinte vocales del CGPJ y la tramitación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de forma que ambas sean refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados en julio. Además, se reforzará el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos y a la inversa. El acuerdo incluye un reparto «equilibrado» de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno, y «mayoría reforzada» de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos.
A partir del nuevo marco cualquier candidato a fiscal general del Estado, por ejemplo, tiene que haber estado cinco años alejado de la vida política. Por su parte, al presidente del Tribunal Supremo no lo señalará el Gobierno, sino que serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado con un mínimo de doce votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. De forma paralela, se encomienda al nuevo CGPJ que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado, donde deberá aprobarse con una amplia mayoría. Por último cabe señalar la plasmación local en Baleares que adquiere el acuerdo para renovar el Consejo General, al desbloquearse de forma indirecta dos plazas en la justicia de las Islas que llevaban tiempo en situación de interinidad.
En cuanto a las derivadas que cabe esperar en este nuevo escenario político, el propio Gobierno admite que «no hay otros acuerdos que estén fuera de lo que hoy se firma, de lo que se hace público», al ser preguntado sobre un posible paquete de pactos institucionales más amplio que pudiese afectar a otros organismos pendientes de renovación o que puedan estarlo próximamente, como el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CMNC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o RTVE. En todo caso, también expresan confianza en que, si el peliagudo acuerdo por el Poder Judicial ha sido alcanzado, otros más podrían llegar si existe la suficiente voluntad para hacerlo.