El acuerdo para renovar el Consejo General desbloquea de forma indirecta dos plazas en la justicia de Baleares que llevaban más de dos años en situación de interinidad. La primera, la presidencia de la Audiencia Provincial, que ocupa de forma interina desde mediados de 2022 el magistrado Mateo Ramón Homar, el más antiguo del órgano.
El puesto quedó bloqueado tras el pase del anterior presidente, Diego Gómez-Reino al TSJIB. El otro puesto que tiene que ser designado por el Consejo es la presidencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior, que quedó interina con la jubilación, en diciembre de 2022 de Gabriel Oliver. Entonces la Sala acordó que la presidencia interina la asumiera Pablo Delfont aunque, al no convocarse la presidencia, el tribunal ha tenido que cubrir un puesto a través de una comisión de servicios.
En cualquier caso, la renovación aún se demorará meses tras la toma de posesión de los nuevos vocales del CGPJ. La imposibilidad de llevar a cabo nombramientos durante la interinidad del órgano tiene bloqueados centenares de nombramientos y se trata de procedimientos largos en los que, cada uno de los aspirantes a los puestos lleva a cabo una presentanción ante la comisión de nombramientos.