El pacto cerrado por el PSOE con Junts y ERC modifica tres artículos de la ley de amnistía y también el preámbulo, donde deja claro que serán los jueces los encargados de identificar a las personas concretas amparadas por la medida de gracia.
«Corresponde al poder legislativo establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador», se afirma en el texto acordado, al que ha tenido acceso EFE.
La mayoría de los cambios efectuados al dictamen que rechazó Junts en el pleno del Congreso el pasado 30 de enero buscan acotar las conductas que quedarán excluidas de la amnistía, remitiéndose, por ejemplo, a la definición de terrorismo fijada por la legislación europea e internacional, y no por el Código Penal español.
La ley, se insiste, ha sido diseñada en coherencia con los compromisos europeos e internacionales en materia de derechos humanos, siguiendo directrices de tratados y organismos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
El objetivo, afirman, es «proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección imparcial de los derechos fundamentales». En este contexto se recuerda que la Comisión de Venecia, en 2013, enfatizó la importancia de mantener una distinción clara entre el poder legislativo y el judicial al implementar una amnistía, asegurando el respeto por la autonomía judicial y los principios democráticos.