Un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía que tramita la Cámara y ve indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa registrada por el PSOE. La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan «palmarias» como para vetar su tramitación.
Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia, que trabajaron con presidentes del PP -Piedad García Escudero fue letrada mayor con Luisa Fernanda Rudi e Isabel Revuelta fue secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo-, las que inciden en esas dudas y las detallan, «aun excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaria y evidente» y subrayando «la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales».
De entrada, el informe pone en cuestión que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que ésta sea una «figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador», dado que no figura entre las competencias de las Cortes Generales y además la Carta Magna «desautoriza expresamente» los indultos generales. Por ello, considera que «la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional».
Además, sostiene que atribuir a las Cortes una iniciativa genérica de amnistiar «desbordaría la naturaleza de ley singular» que el PSOE defiende en la exposición de motivos y podría invadir la «potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos taxativos exclusivamente a los juzgados y tribunales». Entendiendo la proposición de ley como una «ley singular», el informe de los servicios jurídicos del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia la «indeterminación» de los delitos comprendidos en la Ley de Amnistía, lo que podría «lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en al artículo 9.3 de la Constitución».
A su juicio, esa indeterminación se extiende también al «marco» de los actos susceptibles de ser amnistiados y al ámbito temporal de la ley, que engloba desde enero de 2012 hasta la actualidad. «Se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley», concluyen.
Además, resaltan que la «indeterminación» excede del concepto de ley singular trazado por el Tribunal Constitucional y podría dar lugar a una «delimitación arbitraria» del ámbito de aplicación y, por ende, infringir el principio de igualdad. «La aceptación de una ley singular viene determinada por la concreción de los supuestos» y si no hay «esa imprescindible concreción» la ley «podría no quedar amparada por la jurisprudencia constitucional».
Cuestiona igualmente la inclusión del delito de malversación entre los que puedan ser objeto de amnistía, ya que eso «podría comprometer la armonización y la efectividad» de las normas europeas contra el fraude y ve bien que se excluyan los delitos de terrorismo porque incluirlos sería contradecir directivas europeas. Precisamente ERC y Junts, en sus enmiendas, intentan que la amnistía se aplique a delitos de terrorismo no sentenciados, algo que el PSOE por el momento rechaza aceptar.
En otros puntos del informe se advierte de las consecuencias que podría tener para la legislación de la UE la previsión de revocar las órdenes europeas de detención y se cuestiona el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas porque tienen dudas de que la proposición del PSOE esté regulando una materia contenida en la Ley del TC sin reformarla.