La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado este jueves de «absoluto ecocidio» la propuesta de la Junta de Andalucía de ampliar la zona regable en la parte norte del Parque Nacional de Doñana.
Así lo ha asegurado a los periodistas tras visitar al pueblo gitano con motivo de su día internacional, al ser preguntada por la decisión del Gobierno de Juanma Moreno de tramitar en el Parlamento andaluz una propuesta para ampliar la zona regable de Doñana. «El Gobierno tiene que desplegarse al máximo» para evitar este «atentado medioambiental», ha comentado, antes de apuntar que, desde Podemos, van a utilizar también «todas las herramientas a su alcance, también las judiciales», para que eso se así.
Frente a esta visión la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que la ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz con el apoyo del Partido Popular y de Vox «no afecta en absoluto» al acuífero de Doñana, y ha criticado los «bulos» del Gobierno central en torno a esta iniciativa, así como sus «insultos» al presidente de la Junta. Gamarra, que este jueves ha presidido en Laguardia (Álava) el consejo de dirección del Grupo Popular en el Congreso, se ha referido de esta forma a la proposición de ley cuya toma en consideración aprobó este pasado miércoles el Parlamento andaluz, un texto que ha sido criticado por el Gobierno central y sobre cuyo potencial impacto ambiental ha advertido la Comisión Europea.
La secretaria general del PP ha asegurado que lo recogido en esta proposición de ley «no toca ni va a tocar» el Parque Nacional de Doñana ni su acuífero, sobre el que ha recordado que «está protegido». Por el contrario, ha afirmado que lo que se plantea a través de esta iniciativa es «dar una solución a cientos de familias» cuyos regadíos «se quedaron fuera de ordenación» y a las que --según ha dicho-- el Gobierno central y el anterior Ejecutivo andaluz, del PSOE, «no dieron una solución». Gamarra ha afirmado que las explotaciones de estas personas están «a muchos kilómetros de Doñana» y que las «soluciones» que se recogen en la ley para estos casos «no afectan al acuífero en absoluto».
Por ese motivo, ha acusado al Gobierno central de lanzar «bulos y mentiras» en torno a esta proposición de ley, una actitud con la que -según ha afirmado- el Ejecutivo pretende «tapar su incompetencia» en materia de infraestructuras hídricas.
En este sentido, ha reprochado al Gobierno que hay infraestructuras pendientes de desarrollar desde hace años, y que el hecho de que no se lleven a cabo genera problemas a «muchos agricultores». Además, y en referencia a las críticas del Ejecutivo central al presidente de Andalucía, ha denunciado «el insulto y descalificación al Gobierno de Andalucía y a todos los andaluces». «Andalucía no es una esquinita de España y los andaluces no son señoritos», ha afirmado, tras lo que ha pedido al Gobierno central que «abandone el insulto y la descalificación» y se centre en un modo de hacer política basado en «el diálogo y el entendimiento».