La desertización de España como consecuencia del cambio climático se plasma con múltiples ejemplos sobre la geografía. Al sur de la Península, los antiguos humedales de Huelva que le han dado fama mundial están cada vez más secos. Al tiempo que la pertinaz sequía enciende las alarmas sobre el presente y el futuro del Parque Nacional de Doñana, el Parlamento de Andalucía aprueba una ley que pone encima de la mesa la regulación masiva de regadíos ilegales que se nutren del acuífero de una de las zonas ambientalmente más significativas y vulnerables del sur de Europa.
Los ecologistas han encendido las alarmas, y los grupos de izquierda en la cámara autonómica censuran el proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de PP y Vox, y que se aborda a poco más de un mes de las elecciones locales en Andalucía. Algunos alcaldes socialistas, a título individual, apoyan una norma que según sus impulsores garantizará el empleo en la región. No obstante, los expertos aseguran que estamos ante un punto de inflexión.
Es paradigmática la postura del biólogo Miguel Delibes, quien en calidad de presidente del Consejo de Participación de Doñana considera que la proposición de ley para revisar la ordenación de regadíos en toda la Corona Forestal es «muy negativa»; «no hace más que generar tensión, alimentar el conflicto» y «no agarra el toro por los cuernos». La ley impulsada por el grupo que apoya a Juanma Moreno ha sido calificada por Delibes como «juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requiere tomarse las cosas en serio».
Según su postura, la escasez de agua es un problema que ha venido para quedarse. No solo afecta a Andalucía, en toda la cuenca Mediterránea y en Baleares lo conocemos bien, lo cual comporta implicaciones de calado en el ámbito económico y laboral. En diversas declaraciones a los medios de comunicación, el experto ha recordado los distintos procesos de reconversión industrial que ha abordado nuestro país en su historia reciente.
Según él, y algunas otras voces, a Doñana no le queda más remedio que gestionar un bien escaso como es el agua de forma distinta a como se ha venido haciendo, esto es, sin someter al acuífero a la presión actual o aquella que demanda el sector agrícola, altamente especializado en la zona en la exportación de fresa. Ello implica, según Delibes «tomar decisiones, probablemente impopulares; gastar dinero y trabajar, es decir, todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado».
Precisamente este miércoles, Izquierda Unida en el Parlamento Europeo ha elevado una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por la situación del Parque Nacional de Doñana y le ha pedido que proteja esa zona del «atentado medioambiental que pretende aprobar la Junta de Andalucía». El Ejecutivo comunitario ya se ha pronunciado en el pasado sobre la obligatoriedad de preservar un espacio natural como Doñana.
Al respecto, si se «afianzan los regadíos ilegales», España abordaría severas sanciones por no observar sus obligaciones conservacionistas a las que permanece sujeta por ley. En un sentido similar, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que «el PP y Vox presentan una ley para destruir Doñana. Se acabó el teatro de la moderación y las sonrisas de Juanma Moreno. Vienen a incumplir el mandato más sagrado y básico que tiene un representante público: preservar el patrimonio común para la siguiente generación».