El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afeado la decisión «unilateral» de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de suspender temporalmente relaciones con Israel y Tel Aviv, un paso que «daña» el valor de la capital catalana de ser un lugar de diálogo entre Israel y Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha protagonizado la conferencia «España y Europa ante los nuevos retos geopolíticos» en el Cercle d'Economia de Barcelona, en el marco de la cual ha sido preguntado por uno de los asistentes sobre esa decisión de la alcaldesa y dirigente de Barcelona en Comú.
Colau anunció la pasada semana que Barcelona suspende temporalmente relaciones institucionales con el Estado de Israel, incluido el hermanamiento con Tel Aviv, para denunciar que está violando derechos humanos y el derecho internacional con un sistema de «apartheid» y como «gesto para invitar a trabajar por la paz». Pero el ministro español de Exteriores ha criticado esa decisión, «unilateral y casi personal», y ha elogiado en cambio la postura del socialista Jaume Collboni, hasta hace pocas semanas número dos del gobierno municipal y que estaba presente hoy en la conferencia, junto a la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay.
«La posición del Gobierno de España es muy clara en cuanto a apostar por una solución al conflicto entre los dos estados», ha aseverado el ministro, que ha rechazado «todas las violencias, vengan de donde vengan», y ha recordado que la vocación de Barcelona es «ser una ciudad abierta y ser capital del Mediterráneo».
Albares ha dicho que él no cree que «suspendiendo, cortando o expulsando se consiga nada bueno, ni se construya un diálogo entre Israel y Palestina»; y ha recordado que la Unión por el Mediterráneo, con sede en la urbe catalana, es uno de los pocos escenarios en que ambos estados «se sientan en la misma mesa». Un hecho que ocurre «aquí en Barcelona... y no hay tantos sitios en el mundo», ha apuntado el ministro, para quien «eso es un valor para el mundo, para España y para Barcelona. Y creo que esa decisión de la alcaldesa daña ese valor».
Y tras elogiar a Tel Aviv como «ciudad abierta», ha avisado que él, como ministro, trabajará para que «Barcelona, España y Cataluña estén lo más cerca de Israel y Palestina», y para que la capital catalana «sea un lugar de diálogo» y no «un lugar más, que ya hay suficientes, de división entre Israel y Palestina».
Por otro lado, Albares ha sido preguntado por las relaciones de España con países como Marruecos y Argelia, respecto a lo que ha afirmado que la obligación de la diplomacia es «tener las mejores relaciones posibles con países vecinos con los que se tienen fronteras recientes». Respecto a Marruecos, ha admitido que «tras una crisis bastante profunda, la relación se vuelve a situar a un altísimo nivel», e incluso ha asegurado que «tener buenas relaciones» con ese estado es «una prioridad número uno y absoluta» de España, además de «mutuamente beneficioso».
«Creo que es indiscutible que es importante tener buena relación con Marruecos. El futuro de España y Marruecos está indisolublemente unido. No podemos resignarnos a que la historia de la democracia española sea la de las crisis con Marruecos», ha agregado. Con la Argelia, Albares ha asegurado que España quiere «lo mismo» que con todos sus vecinos y otros países árabes: «Una relación basada en la amistad, el respeto mutuo, la ausencia de acciones unilaterales, la no injerencia en asuntos internos e ir de la mano para construir esa relación basada en la amistad».
Y respecto al futuro del Sáhara Occidental, ha dejado claro que es una cuestión «claramente situada en el marco de la ONU» y «no es algo que España vaya a decidir». «Tenemos la oportunidad de desencallar un conflicto que dura más de medio siglo y no me resigno a que dure medio siglo más», ha sentenciado. Por otro lado, Albares ha calificado el conflicto en Ucrania de «la guerra de un solo hombre» y ha advertido de que «los que han cometido crímenes en Ucrania no pueden quedar impunes y deberán pagar por ello», por lo que España ya colabora con el Fiscal general de la Corte Penal Internacional en la recopilación de pruebas.