Esquerra (ERC) ha presentado sus propuestas de resolución en el debate de política general del Parlament, al margen de las de JxCat, en las que reafirma la vía «política y democrática» para resolver el conflicto catalán y propone elaborar una ley electoral catalana y un plan de choque contra la crisis económica. Horas después de que, en el inicio del debate, JxCat amenazara anoche al presidente catalán, Pere Aragonès (ERC) con una cuestión de confianza, lo que ha llevado al president a anular hoy toda su agenda y mantener diversas reuniones, la formación republicana ha registrado sus propuestas de resolución, sin que por ahora se haya presentado ninguna de la mano con su socio de gobierno.
Una de las propuestas republicanas incide en que el Parlament reafirme que la independencia es el mejor horizonte para Cataluña y que «reconozca que hay una mayoría de ciudadanos que quieren decidir el futuro político del país, que representa un gran consenso y aglutina al 80 % de la sociedad». Un punto que llega precisamente después de que Aragonès anunciara que planteará al Estado un acuerdo de claridad a la canadiense, pero que antes iniciará en Cataluña un marco para tejer alianzas y ampliar consensos más allá del independentismo, que sean favorables al referéndum pactado.
ERC, en esa línea, añade que el conflicto «provocado por la incapacidad del Estado de dar respuesta» se ha de resolver «por la vía política y democrática», lo que significa garantizar el derecho de Cataluña a decidir su futuro, como también el fin de la «represión y una amnistía; y pretende que el Parlament se comprometa a trabajar para la independencia a través del »ejercicio democrático".
Por otro lado, Esquerra incide en la necesidad y urgencia de elaborar una ley electoral catalana, ya que es la única comunidad sin ley electoral propia; e incluye medidas concretas para hacer frente a la crisis económica y energética, como un plan de choque para hacer frente a la inflación con propuestas que anunció Aragonès. Respecto al mundo local, los republicanos señalan al Estado como responsable del déficit estructural de personal habilitado para ocupar plazas de secretaría, intervención y tesorería en ayuntamientos y administraciones locales y exige el retorno de competencias.