Felipe VI conmemorará mañana, domingo, el octavo aniversario de su reinado con la situación de su padre, Juan Carlos I, aún sin aclararse del todo a pesar de haber sido exonerado por la Fiscalía, y después de haber acordado con el Gobierno nuevas medidas de transparencia para dotar de estabilidad y transparencia a la Corona. Al caer en jornada dominical y coincidir con las elecciones andaluzas, el rey tiene la agenda despejada, por lo que no va a haber ninguna celebración del aniversario, después de que el pasado año lo festejara con la entrega de condecoraciones a más de una veintena de ciudadanos anónimos por su tarea durante la pandemia. Los ocho años como jefe de Estado de don Felipe han estado salpicados de sucesivas crisis de distinta índole y momentos complejos que le han obligado a tomar decisiones de calado tanto en el plano familiar como institucional.
Uno de los asuntos que más impacto ha tenido en su trayectoria como rey ha sido el caso de su padre, del que lleva alejado desde que la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió investigarle hace más de dos años por el dinero que manejó en el extranjero antes y después de dejar de ser jefe de Estado. A pesar de archivarse la causa al prescribir las irregularidades o estar protegido por la inviolabilidad que gozó hasta 2014, sigue siendo incierto su futuro y hasta cuándo mantendrá su residencia en Abu Dabi, unas incógnitas acrecentadas después de que suspendiera su segundo viaje a España una vez que lo había anunciado en vísperas de mantener una larga charla con su hijo en el Palacio de la Zarzuela. A ello se une su negativa a dar las explicaciones y las disculpas que le exige el Gobierno por su conducta y por lo que se ha conocido de él en el plano personal y financiero en los últimos años. Al tiempo que ha criticado con dureza a Juan Carlos I, el Ejecutivo ha reafirmado su apoyo firme a Felipe VI por su empeño en renovar la Corona ante el deterioro causado por el caso del emérito y la necesidad de diferenciarse de su reinado. Una compromiso plasmado en la inédita decisión del monarca de revelar su patrimonio, cifrado en 2,5 millones de euros, y de recogerse en un real decreto las medidas de transparencia puestas en práctica desde 2014, con la novedad de que el Tribunal de Cuentas auditará la contabilidad de la Casa del Rey, aunque sin control del Congreso.
«Son medidas que refuerzan la confianza en la institución y en el rey. Si algo le define, es su sentido del deber, la responsabilidad, la búsqueda de los intereses generales, el respeto a la ley y la primacía de los principios éticos y morales sobre cualquier consideración», sostienen fuentes de la Jefatura del Estado. Desde la Zarzuela, se hace hincapié en que el discurso que Felipe VI pronunció en su proclamación en el Congreso, en el que se comprometió a «una monarquía renovada para un tiempo nuevo», representa «la guía de su comportamiento y las decisiones que ha tomado y que seguirá tomando».
El goteo de noticias sobre don Juan Carlos ha seguido alimentando los ataques a la Corona por parte de Unidas Podemos y de los partidos independentistas, partidarios de avanzar hacia un horizonte republicano. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha suavizado estas críticas y ha defendido que «no es el momento de hacer un referéndum» sobre el modelo de Estado. El PSOE, con el apoyo de PP y Vox, ha cerrado también la puerta a abrir un debate sobre la inviolabilidad del rey, amparándose en la postura de los letrados del Congreso de que esta propuesta no es procedente mientras no se modifique la Constitución y se suprima el blindaje legal. Otro de los retos que Felipe VI tiene pendiente es normalizar su relación institucional con la Generalitat de Cataluña ante el veto al que le somete desde su discurso contra el referéndum ilegal del 3 de octubre de 2017. Un rechazo que volverá a constatarse en la entrega de los premios Princesa de Girona previstos el 4 de julio, que se celebrará, por tercera edición consecutiva, en Barcelona ante la negativa del Ayuntamiento de la capital gerundense a ceder un recinto en la ciudad. En paralelo a las medidas de regeneración, Felipe VI puso punto final en la pasada Semana Santa a la tradición que instauró su padre en 1995 de asistir a la misa del Domingo de Resurrección en la catedral de Palma, en un nuevo gesto de relegar los actos religiosos al ámbito privado.