La reforma de la Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno ha llevado a las Cortes ha superado su primer obstáculo gracias a un apoyo condicionado del PP, que con su voto en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y JxCat ha permitido que el texto pueda tramitarse. Un texto que se ha afanado este jueves en defender en el Pleno del Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pero que a tenor de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, incluido el del socio del Gobierno, Unidas Podemos, no termina de complacer.
Se trata de una reforma de la ley que se aprobó en 2015 con el Gobierno del PP y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, pero que ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido modificar para que en situaciones como las que se han vivido recientemente -la pandemia- y las que se viven -la guerra de Ucrania- el Estado tenga un instrumento legal para tomar medidas y hacer frente a esas crisis. Bolaños, al igual que ya defendió el Gobierno cuando se aprobó el proyecto en Consejo de Ministros, ha insistido en que el texto solo es una modificación «puntual» de la ley de 2015 y que únicamente -según ha explicado- quiere garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis y le ayude en la toma de decisiones.
La propuesta del Gobierno permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis y otorga al presidente del Ejecutivo algunas competencias que los grupos han censurado en el debate de este jueves. Incluido el PP. Su diputado Juan Antonio Callejas ha dejado claro que permitir la tramitación no es un cheque en blanco, por lo que ha pedido al Gobierno que vayan de la mano para negociar artículo por artículo del proyecto. Una ley con la que, según Callejas, «el señor Pedro Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica y quedando todo al albur del señor presidente».
Precisamente, por obligar a los ciudadanos a prestar algunos servicios en caso de crisis que afectan a la seguridad nacional, la oposición ha entendido que vulneraba derechos constitucionales y que, por tanto, esta iniciativa debería tramitarse como ley orgánica y no como proyecto de ley. A este «pero» se han sumado los de casi todos los grupos, incluido el de Unidas Podemos, aunque en este caso menos contundente. Los que han presentado las enmiendas a la totalidad -ERC y JxCat- han coincidido en acusar al Gobierno de presentar una iniciativa que vulnera las competencias autonómicas, por más que Bolaños haya insistido en que precisamente en este asunto la norma no cambia y la cooperación de las comunidades está garantizada.
No lo ha visto así el PNV. Su diputado Mikel Legarda ha resumido su opinión de esta manera: el texto «no se amolda bien» al estado territorial ni a las policías integrales de Cataluña y Euskadi. Menos contundente ha sido Ismael Cortés, de Unidas Podemos, aunque ha defendido que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades, a la vez que pedido que el esquema que se diseñe tenga «debidamente en cuenta» las competencias de cada escenario.
El resultado del debate ya lo avanzó a primera hora la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en los pasillos de la Cámara. Su grupo iba a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, pero intentaría negociar sus propuestas en la tramitación de la ley, entre otras cosas porque en esta crisis por el caso Pegasus «más que nunca se necesita seguridad nacional». Y es que el espionaje del Pegasus y el cese de la hasta ahora directora del CNI, Paz Esteban, se ha colado en el debate del proyecto justo poco antes de que la sustituta de la destituida, Esperanza Casteleiro, tomara posesión. Lo ha hecho en un acto en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que los que atacan España se van a encontrar enfrente a los servicios secretos.