El Gobierno ha informado de que, a fecha de 14 de noviembre de 2021, se habían expulsado del país un total de 1.720 personas, frente a los 1.824 extranjeros que tuvieron que abandonar España en 2020. Así lo asegura en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Vox, en la que cuestionan al Ejecutivo sobre cuánto de los 36.000 migrantes llegado a España, según los datos de Interior sobre 2021, han sido expulsados y sobre el destino de los mismos. En este sentido, desde la Moncloa apuntan que las personas expulsadas durante 2021 por las autoridades del país pueden haber accedido al territorio nacional en un periodo distinto al año de su expulsión.
Además, entre los más de 1.700 extranjeros expulsados el año pasado, indica el Gobierno, estaban en diferentes situaciones administrativas. En su respuesta, el Ejecutivo también responde a una de las peticiones que los de Santiago Abascal incluyen en la exposición de motivos de la pregunta registrada. En el Vox señala que, «ante los diversos delitos y ataques que se están acometiendo por parte de inmigrantes ilegales» y «ante el riesgo de entrada de terroristas por las rutas de inmigración ilegal», es «fundamental» la adopción de medidas «para garantizar la seguridad ciudadana» y «preservar la seguridad nacional» del país.
Desde el Gobierno apuntan que «no existe una correlación entre inmigración y delincuencia» y piden a la formación que revise el Sistema Estadístico de Criminalidad en donde, ha explicado, se recoge que «los delitos se reducen» y «no existe correlación entre incremento de los índices de la delincuencia con incremento de la inmigración irregular». «Los índices de delincuencia de los delitos graves ha disminuido si se compara el año 2021 con 2019, antes de la pandemia», ha insistido el Ejecutivo en su respuesta. Del mismo modo, apunta que «el hecho de que en las estadísticas de criminalidad conste la ciudadanía extranjera no significa que la persona sea migrante, ni que siendo migrante sea irregular, ya que el dato refleja simplemente que la ciudadanía no es española, pudiendo ser residentes extranjeros regulares, muchos de ellos ciudadanos de la Unión Europea».
El Gobierno aclara, del mismo modo, que los datos sobre delincuencia no implican culpabilidad o condena, ya que tal circunstancia la establecen los órganos judiciales. «También es importante resaltar que este gobierno se preocupa por la seguridad como bien público, y la bajada histórica de la criminalidad es el resultado de la apuesta de este Gobierno por recuperar la seguridad como bien público a través de más efectivos, mejores infraestructuras y más medios», ha concluido.