El pleno del Congreso acogerá el próximo martes por la noche el debate de convalidación del decreto ley que obliga al uso de mascarillas en el espacios abiertos y que el Gobierno aprobó ante la subida de contagios de coronavirus por la variante ómicron, una medida muy cuestionada por la oposición y que aún no cuenta con el voto afirmativo ni siquiera de los habituales socios del Ejecutivo de coalición. Por este motivo, el Gobierno ha decidido apurar los plazos para su convalidación por parte del Congreso. La Constitución da un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara ratifique los decretos ley, que están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero si no reciben el aval del Pleno del Congreso, quedan derogados.
Así las cosas, el Congreso debe pronunciarse sobre el decreto ley relativo a las mascarillas como máximo el día 1 de febrero. Por eso el debate se ha incluido en el orden del día del Pleno del martes, a última hora de la tarde, y no se ha podido esperar a debatirlo el jueves, cuando tradicionalmente se discuten las iniciativas de este tipo, y cuando, de hecho, se debatirán otros dos, entre ellos el relativo a la reforma laboral.
PP, Voc y Cs, en contra
Por lo pronto, el PP ya avanzó que no piensa apoyar el decreyo y Vox y Ciudadanos ya adelantaron su rechazo a la vuelta de las mascarillas, una posición a la que se prevé se sumen Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Y, entre los habituales socios parlamentarios del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, todavía no han tomado una decisión al respecto. La imposición de la mascarillas al aire libre aún sin distancia de seguridad también recibió críticas de formaciones como Compromís y Más País, que podrían optar por la abstención, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias. Pero hay que tener en cuenta que esta no es la única medida que se incluye en la norma que el Congreso debatirá el martes, puesto que el decreto contiene sendas disposiciones sobre otros asuntos.
Médicos extracomunitarios
La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año. Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE. Pero, además, el decreto ley prevé la actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año.