El Ministerio de Sanidad y las comunidades volverán a reunirse esta tarde con las diferencias de criterio respecto al uso del certificado COVID para acceder al interior de algunos establecimientos y el debate abierto por la petición de más vacunas en un momento en el que España lidera la campaña mundial.
Dos comunidades, Canarias y Galicia, ya piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, una alternativa que también han adoptado algunos países europeos.
Pero mientras en estas dos autonomías es ya un hecho, otras lo rechazan de plano: esta medida se ha descartado por el Govern catalán para evitar «perjudicar» a quienes aún no han recibido la vacuna.
«En estos momentos, no es una realidad», dijo ayer la portavoz del Govern, Patricia Plaja, que no ha descartado que en un futuro la Generalitat estudie su implementación porque «las cuestiones relacionadas con la pandemia son muy cambiantes y volátiles».
De la misma forma, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no ve «oportuno» ni «correcto» que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población.
«Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas», ha destacado Puig, quien ha agregado que es una cuestión que hay que analizar de una manera «serena, tranquila», y viendo «todas las fortalezas y debilidades de esta opción».
Otra comunidad que no lo contempla es Madrid, que «de momento» no prevé solicitar ningún documento en hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que «por una vez ejerza labores de coordinación» para su aplicación.
En esa misma línea se manifestó Castilla-La Mancha, cuya portavoz, Blanca Fernández, afirmó que esta medida debe adoptarse en el marco nacional, porque «si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas».
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya preguntada por la posibilidad de utilizar el certificado digital de la UE con esa finalidad, recalcó el carácter europeo de ese documento y que su objetivo es facilitar la movilidad entre países, avalando que su usuario está vacunado, ha pasado la enfermedad o dispone de una prueba diagnóstica negativa.
Darias hizo hincapié en que es necesaria una regulación legal para permitir el uso que propone Galicia de ese documento, ya que, aclaran a Efe fuentes de Sanidad, el certificado digital europeo de momento solo está aprobado para facilitar la movilidad entre países y hay que ver desde el punto de vista legal cómo se le puede dar otros usos.
La nueva reunión del Interterritorial se produce además en un momento en el que España lidera el ránking mundial de la vacunación frente a la COVID-19, si bien muchas comunidades vienen desde hace días exigiendo más dosis y así lo trasladarán también a la Conferencia de Presidentes.
Es el caso de Madrid, Andalucía o Murcia, entre otras; el consejero andaluz de la Presidencia, insistió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se plante ante la Unión Europea y las farmacéuticas y garantice a la comunidad un mayor número de vacunas para hacer frente a la quinta ola.
Madrid culpa de los problemas con las segundas dosis a la falta de vacunas; según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la región necesita aún 3,5 millones de dosis para completar la vacunación de la población diana pendiente.
El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, también ha reclamado un mayor envío de vacunas y que se facilite el calendario de distribución a las regiones para poder cumplir el objetivo de tener inmunizado al 70 por ciento de la población este verano: «Al ritmo actual -aseguró-, no solo Murcia no alcanzará ese porcentaje, sino que tampoco lo hará España».
Tanto la ministra como la secretaria de Estado, Silvia Calzón, han reiterado que ningún territorio tendrá «problemas de rotura de stock» por falta de viales, y por tanto han recomendado seguir pinchando primeras dosis.
En el orden del día de la reunión, se incluyen otros temas a tratar como el estudio de la propuesta para designar a los representantes para el Comité Institucional de la Estrategia Española de Medicina Personalizada de Precisión.
Asimismo, se analizarán los criterios para la distribución de fondos a las comunidades autónomas para la Estrategia frente a Enfermedades Raras, Enfermedades Neurodegenerativas (incluido ELA) en 2021, y para la mejora de los Sistemas de Información del Sistema Nacional de Salud.