El Tribunal Supremo excarcelará este miércoles a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el «procés», a quienes el Gobierno ha concedido el indulto apelando a «razones de utilidad pública».
Los presos saldrán de las prisiones en las que cumplen condena a partir de las 12.00 horas y serán recibidos por miembros del Govern y diputados.
Lo harán después de que lo ordene el Supremo tras la publicación en el BOE del real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros y sancionado después por el rey Felipe VI, como establece el artículo 62 de la Constitución.
Se tratan de indultos parciales que conmutan las penas pendientes de prisión de los condenados aunque mantienen las de inhabilitación, por lo que no podrán ejercer cargos públicos mientras dure la pena.
La medida de gracia está condicionada a que no cometan un delito grave (superior a cinco años de prisión) y doloso (de forma voluntaria) en una horquilla de entre tres a seis años, en cuyo caso la pena indultada se sumaría a una eventual nueva condena.
Cabía la posibilidad de que el Supremo hubiera actuado ayer siempre y cuando el Ejecutivo les hubiera comunicado por cualquier canal la decisión, pero el Gobierno no contempló esa vía porque, según Moncloa, nunca se ha hecho antes y aquí, pese a la trascendencia de estos indultos, se va a seguir el cauce habitual que no es otro que esperar a su publicación en el BOE.
De esta forma, el Supremo -al que corresponde ejecutar la gracia- se dará por enterado y será entonces cuando dicte un mandamiento de excarcelación a las prisiones correspondientes, que será de ejecución inmediata, por lo que los líderes independentistas podrán abandonar las cárceles a lo largo del miércoles.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe explican que al tratarse de una decisión que afecta a presos, hay que actuar con la «máxima celeridad» ya que implica su puesta en libertad, de ahí que la prioridad sea ordenar la excarcelación.
Eso será al margen de que después redacten o no un auto en el que dejen constancia de la cláusula del Ejecutivo sobre una eventual anulación del indulto a futuro en caso de que cometan delitos graves, una situación que corresponde vigilar al Supremo como tribunal sentenciador.