Los concejales de Vox de tres localidades extremeñas y el que fuera candidato de esta formación a la Junta, Juan Antonio Morales, han anunciado que abandonan el partido por considerarlo «antidemocrático» y «sin principios».
A través de un comunicado, los siete ediles y el propio Morales también critican que mientras el partido promulga «acabar con las subvenciones públicas» y con «los chiringuitos» permite al Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid «pagar a seis asesores y siete secretarios administrativos».
«Trece enchufados para asistir a cuatro concejales» madrileños en «un chiringuito montado» en el citado Grupo Municipal por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Los ediles que han anunciado su marcha del partido son Alejandro Vélez (Badajoz), María Isabel Gragera (Lobón) y los cinco del municipio de Guadiana, entre ellos el exalcalde Antonio Pozo, quienes pasarán a ser concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos.
Estos siete ediles y Morales alegan que Vox es un partido «antidemocrático», ya que su disciplina interna «es una apisonadora» que se aplica «de manera caprichosa» por parte de la Secretaría General, sin respetar los derechos de los afiliados y sin garantías de contradicción o defensa.
Según afirman, han sido objeto de «técnicas indecentes, como el intento de investigaciones personales mediante la contratación de detectives privados con el objeto de hacer público algún aspecto de la vida privada del investigado, y así anularlo políticamente».
«Todas las pruebas relativas a estas prácticas se enviaron a la Secretaría General, a la Vicesecretaría de Organización y al Comité de Garantías, a los efectos de su investigación interna, y no hubo reacción ni acción alguna», según han asegurado.
A su juicio, Vox es «un partido sin principios», que «engaña a los españoles apropiándose del franquismo cuando les interesa electoralmente», como «hicieron en las elecciones de Andalucía», para más tarde «renegar de él».
En este sentido, los ediles acusan a la formación de «aplicar sin pudor la infame Ley de Memoria Histórica contra sus afiliados», por ejemplo «al abrir expedientes por exaltación del franquismo por publicar obras del Plan Badajoz en las redes personales o por haber denunciado a los socialistas» en este mismo sentido.
En su opinión, Vox es también un partido «anticonstitucional», como demostró la expulsión de Alejandro Vélez de la formación, que el edil recurrió, y de ser una formación política que «no se somete al estado de derecho».