Las críticas del juez del TSJ del País Vasco Luis Ángel Garrido a los epidemiólogos y a las medidas anticovid han despertado un aluvión de reproches entre los médicos de distintas especialidades, pero también el malestar entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un día antes de que la Sala que preside ordenara como medida cautelar la reapertura de la hostelería en todos los municipios vascos donde estaba cerrada por la elevada incidencia del coronavirus, el juez participó en un tertulia en la que criticó abiertamente a los epidemiólogos -"médicos de cabecera que han hecho un cursillo"- y las medidas anticovid.
A la espera de que el Gobierno vasco estudie un posible recurso a la decisión de la Sala e incluso su recusación cuando toque resolver el fondo del asunto, Garrido ha enfadado a parte de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
«Inoportunas», «muy desafortunadas» y «completamente fuera de lugar», son algunos de los calificativos utilizados por esos vocales, alguno de los cuales ha apuntado que «como juez ha diluido toda imagen personal de imparcialidad» con un «ejercicio de activismo que no es bueno para los jueces», quienes deben ser «especialmente cuidadosos» con lo que dicen.
Por eso, las fuentes consultadas abogan por la apertura de unas diligencias informativas para que el juez de sus explicaciones respecto a lo sucedido o, incluso, de un expediente disciplinario, si bien el CGPJ no suele actuar de oficio sino cuando recibe una queja.
Lo que está claro es que el magistrado ha ignorado las recomendaciones que figuran en un reciente dictamen de la Comisión de Ética Judicial que señalan que las intervenciones de los jueces y magistrados en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales deben ajustarse a la «neutralidad política» sin expresiones «irrespetuosas, vejatorias o dañinas».
Entre los sanitarios las palabras de Garrido han provocado múltiples críticas e incluso la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha pedido que se abra un expediente disciplinario por «una falta grave» por su «menosprecio» a los epidemiológicos.
La Sociedad Española de Epidemiología ha reclamado una rectificación al juez, quien por su parte ha declarado no ser «negacionista» y enmarca lo ocurrido en «gajes del oficio».
Los epidemiólogos, por contra, han subrayado su «desconocimiento» y «falta de respeto» hacia una profesión que «requiere toda una vida de formación» y hacia unos profesionales que «trabajan sin descanso para salir cuando antes de esta terrible pandemia».
En la misma línea se ha pronunciado la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, que le ha instado a pedir disculpas en un comunicado en el que ha defendido que «no es justo desacreditar toda una disciplina, con una metodología y evidencia científica detrás» y ha expresado su preocupación por el «nulo conocimiento de la epidemiología que ha demostrado» un juez encargado de «decidir sobre un aspecto tan importante para la salud de la población».
De la misma forma se ha expresado el Colegio de Médicos de Bizkaia, que ha considerado «inaceptable» que el juez haya «infravalorado» a los epidemiólogos y le ha pedido que «procure no entrar en valoraciones científicas pertenecientes a ámbitos en los que su dominio y conocimiento no están demostrados».
En el ámbito político, fuentes del Ejecutivo autonómico han explicado a Efe que se analiza la recusación de este magistrado y también la interposición de un recurso sobre el auto que cautelarmente ha dado la razón a los hosteleros. No obstante, precisan que todavía «no es el momento» de plantear una posible recusación, ya que se desconoce cuándo, en qué condiciones y con qué tribunal tendrá lugar el juicio sobre el fondo de la cuestión, por lo que podría esperar a ese momento para hacerlo.
La imparcialidad y la falta de «objetividad y profesionalidad» para juzgar las restricciones impuestas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu han sido puestas en cuestión por el parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, que ha calificado como «una suerte de chascarrillos y frivolidades de nula calidad científica y dudoso nivel jurídico» las palabras del magistrado, que también son poco afortunadas para el PSE-EE, socio de gobierno del PNV en el País Vasco.
Los grupos de la oposición no se han mostrado especialmente interesados en las palabras de este juez y han centrado sus críticas en la responsabilidad del Gobierno Vasco en la reapertura de los bares en todos lo municipios de Euskadi, situación a la que para Rebeka Ubera (EH Bildu) se ha llegado por la falta de ayudas públicas a los hosteleros tras el cierre de sus negocios.
Al igual que el resto de partidos, Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha respaldado la labor de los epidemiólogos y ha criticado que el Ejecutivo de Vitoria no pidiese el aval judicial antes de obligar a los hosteleros a bajar las persianas para frenar la incidencia de la covid-19.
Del mismo modo, Carmelo Barrio (PP+Cs) ha exigido al gabinete de Urkullu que «deje la guerra contra la Justicia» y que «tome las decisiones adecuadas y con criterio» en lo que a la lucha contra la pandemia se refiere.
Por último, Vox ha pedido al Gobierno central que asegure la apertura de los establecimientos hosteleros en todo el territorio nacional tras el auto dictado por el TSJPV que, para Hostelería de España sienta «precedente» y puede ser usado en su favor a la hora de pedir daños y perjuicios.