El juicio sobre el caso Máster ha avanzado este lunes con declaraciones encontradas de la funcionaria Amalia Calonge y el catedrático Pablo Chico, que se acusan de alterar las notas del máster de Cristina Cifuentes, mientras el entonces consejero de Educación ha reconocido que llamó numerosas veces al rector para pedirle documentos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este lunes la tercera sesión del juicio a la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes, para la que la Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel por instar a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que supuestamente defendió en 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
En la vista han quedado patentes las diferentes versiones sobre lo ocurrido: mientras la funcionaria Amalia Calonge ha asegurado que cambió las notas de Cifuentes porque se lo pidió el catedrático Pablo Chico de la Cámara, y tenía potestad para ello, el profesor ha sostenido que fue ella la que le advirtió de un posible fallo en su asignatura y ella acabó modificando tanto esa nota como la del trabajo de fin de máster de la expresidenta «de forma arbitraria».
Además varios profesores y funcionarios han testificado que cuando saltó el escándalo el 21 de marzo de 2018 dieron por buenos los testimonios de los profesores Enrique Álvarez Conde -director del Instituto que daba el máster- Pablo Chico y del rector, Javier Ramos, aunque luego detectaron irregularidades en diferentes trámites relacionados con esos estudios.
La declaración más esperada en esta jornada era la del exconsejero madrileño de Educación Rafael Van Grieken, quien ha reconocido que llamó en «reiteradas» ocasiones al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el día se publicaron las posibles irregularidades, pero solo para que le trasladasen los documentos en los que se había basado la URJC para dar una rueda de prensa en la que sus dirigentes defendieron la legalidad del caso de Cifuentes.
El rector de la URJC apuntó en su testifical del pasado viernes a Van Grieken como el cargo del Gobierno regional que más insistió en conseguir la documentación del máster, reclamándole «reiteradamente» el acta de TFM.
Este lunes el exconsejero, que es actualmente catedrático en la URJC, ha relatado que aquel día 21 leyó la primera información sobre el máster de Cristina Cifuentes, habló con el rector y éste le dijo que había recabado documentos y «todo era normal», por lo que no prestó más atención hasta la rueda de prensa que se dio a mediodía.
Fue tras esta comparecencia cuando efectuó varias llamadas al rector que -ha apuntado- «serian proporcionales a la tardanza en hacernos llegar la documentación», ya que pasaron tres horas sin recibir ningún documento. Su objetivo era tener esa información para que el Ejecutivo regional se pronunciase.
Sobre los escritos que finalmente le envió la URJC ha precisado que comprobaron algunos de ellos y pidieron que los volvieran a enviar, ya que por ejemplo recibieron uno que decía que Cifuentes constaba como no presentada en la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, impartida por Pablo Chico.
Otra declaración relevante ha sido la de Amalia Calonge, que ha sostenido que estaba autorizada para modificar las notas de los alumnos de «másteres antiguos, matriculados antes de que se creara la escuela de posgrado», siempre que se lo solicitaran los profesores, y así cambió de no presentada a notable la calificación de Cifuentes en la asignatura de Pablo Chico y calificó con un 7,5 la nota del TFM. Y lo hizo porque la llamó ese profesor, a quien le pidió que se lo solicitara por escrito en mail en el que ella entendió que tenía que cambiar ambas calificaciones. No hizo comprobaciones porque nunca las hacían y ella no podía «poner en cuestión a un catedrático».
Sin embargo Pablo Chico ha manifestado ante el tribunal que fue Calonge la que le llamó para comentarle que debía de haber un error en su calificación a Cifuentes, y él comprobó en sus documentos que en realidad tenía un notable, por lo que le envió un correo con esta precisión, como ella le había demandado. No hablaron del TFM y él tenía claro que se refería solo a su asignatura. Por eso ha denunciado que Calonge «por su cuenta y riesgo, y sin tener firma, decidió de forma arbitraria hacer una modificación» de la nota del TFM. Ha relatado que el 21 de marzo el rector le pidió que hablase con la profesora Teresa Feito, que era asesora de la Comunidad de Madrid, a quien envió información y a quien vio en la reunión que hubo en el despacho del rector para preparar la rueda de prensa de ese día.
Tanto Chico como Calonge y otros testigos han situado a Feito, procesada en la causa, en el centro de esa reunión, con una actitud activa para encontrar los documentos que probasen que Cifuentes había superado el máster.
La jefa de Servicios de Gestión Académica y de Alumnos en aquella época, María Victoria Vilches, ha relatado que ya en 2017 -año en el que Cifuentes recogió el título del máster- la gerenta de su campus le preguntó si Amalia Calonge había accedido al sistema en 2014 para modificar dos notas de esa alumna y los informáticos acabaron constatando que si, a pesar de que ella misma había solicitado su baja en ese sistema en dos ocasiones. Por su parte el responsable administrativo de posgrados y títulos propios de la URJC, José Antonio Lobato, ha declarado que en su departamento se almacenaban las matrículas y actas de calificaciones de los estudiantes del máster, y al buscar el acta del TFM de la presidenta, a instancias del rector, vio que no estaba.