La Fiscalía General del Estado ha acordado investigar «el alcance y la significación penal» de casi 60 posibles supuestos de robo de bebés ocurridos entre 1952 y 1987 y que fueron denunciados hace unos meses de forma colectiva por varias asociaciones de víctimas.
El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Álvaro Ortiz, ha remitido una carta a la portavoz de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles «Te estamos buscando», María Mercedes Bueno, donde considera «necesario abordar la investigación de forma individualizada» de los supuestos denunciados.
Varias asociaciones de bebés robados presentaron el pasado 19 de noviembre ante la Fiscalía una denuncia conjunta para que se investigasen 58 casos de sustracción de recién nacidos ocurridos en varias comunidades autónomas entre 1952 y 1987, la mayoría de los cuales ya habían sido denunciados ante otras fiscalías o juzgados, pero el resultado había sido infructuoso.
Denunciaban delitos de violencia de género, alteración de la filiación, desaparición forzada infantil, crímenes de lesa humanidad, falsedad documental y suposición de parto, y subrayaban la vulneración de los derechos de la mujer en base a los tratados y convenciones internacionales suscritos por España, según precisan en un comunicado.
En la misiva, fechada ayer 4 de enero, el fiscal acuerda incoar un «expediente de coordinación para el seguimiento centralizado de todas las actuaciones practicadas y el análisis conjunto de la información» con el objetivo de «determinar el alcance y la significación penal de los hechos recogidos en la denuncia».
Lo hace para «mantener la debida coordinación» y «unificar la actuación de la Fiscalía en todo el país», al tiempo que manifiesta el «especial compromiso» del ministerio público para «dar respuesta a todas aquellas madres, hijos e hijas y familias que sospechan haber sido víctimas» de un supuesto de bebés robados, pese a las «evidentes» dificultades que presentan las investigaciones.
Por eso es preciso una «investigación completa, efectiva y eficaz», añade Ortiz, que señala que primero hay que saber qué denuncias han sido ya investigadas por otras fiscalías o juzgados para determinar así qué supuestos no han sido «objeto de investigación» y deben ser por tanto indagados, «sin perjuicio» de que otros ya investigados puedan ser reabiertos si se descubren «nuevos indicios».
Aunque la denuncia «pone de manifiesto» posibles elementos de conexión entre los casos porque coincide el hospital, el personal médico que asistió al parto o las órdenes religiosas vinculadas a la gestión del centro, «a priori» no se desprende por sí solo esa posible conexión.
«Por ello, es necesario abordar la investigación de forma individualizada de los supuestos concretos que traslada la denuncia para determinar su alcance y su entidad jurídico-penal (...)», asegura el fiscal jefe en la misiva.
Las asociaciones han acogido la decisión con la esperanza de que «esta vez se lleve a cabo una investigación exhaustiva». «Esta admisión a trámite supone un gran avance para las víctimas», ha manifestado el director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Rodrigo Lledó.