El Gobierno ha rechazado facilitar a Vox los nombres de los pasajeros que han acompañado al presidente, Pedro Sánchez, en los vuelos en Falcon que ha realizado desde el pasado mes de enero, cuando tomó posesión de su cargo, alegando que se trata de información que debe tratarse como «materia clasificada».
Los de Santiago Abascal registraron una pregunta en el Congreso pidiendo al Gobierno que detallara los pasajeros que formaban parte de la tripulación de los vuelos realizados por Sánchez desde enero, y cuántos de ellos, sin incluir la tripulación, eran ajenos al Ejecutivo o no tenían responsabilidades públicas en dichos viajes.
Casi cinco vuelos al mes
Vox justifica la presentación de esta iniciativa apuntando que desde junio de 2018, cuando entró por primera vez en La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, y hasta mayo de 2019 el número de vuelos en Falcon realizados por el presidente ascendió a 59, esto es, 4,92 vuelos mensuales, «y no siempre con fines oficiales». En concreto, recalcan que al menos nueve de esos vuelos realizados en 2019 tuvieron «un fin particular o de partido».
Una práctica que, según denuncian en Vox, ha continuado en 2020, pues el pasado 31 de julio un Falcon despegó de Madrid con destino a Lanzarote, sin que se facilitara el motivo del vuelo ni los pasajeros, y cuatro días después se conoció que el presidente Sánchez se trasladó a esa isla para reunirse con su familia en la residencia oficial de La Mareta.
Sin embargo, el Gobierno rechaza dar esa información alegando que la Ley reguladora de Secretos Oficiales señala que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma «deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».
«En consecuencia, no resulta posible facilitar información adicional a la que se proporciona a través de la página web, conforme a la Ley de Transparencia, referida a la agenda del presidente del Gobierno y del resto de miembros del Ejecutivo», reseña.
Una decisión que desde el Ejecutivo apuntan que viene avalada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de octubre de 2017, que señala que «la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada.
Pero también esgrimen que el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en una resolución del 15 de febrero de 2016, indicó que la información «no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del Aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno.
No obstante, Vox rebate esta cuestión subrayando que el 5 de noviembre de 2019 esa misma institución, tras varias solicitudes de otros grupos parlamentarios, indicó que «no ampara la calificación con carácter general como secreto de toda información relativa a los desplazamientos del presidente, más aún por cuanto gran parte de los mismos son de conocimiento público», e instó a la Secretaría General de Presidencia a suministrar la información requerida porque «no proceder la aplicación de ningún límite al acceso a esta información».