Ocho comunidades han pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declare el estado de alarma, al tiempo que otros gobiernos regionales buscan fórmulas alternativas para decretar el toque de queda tras la falta de acuerdo sobre el marco jurídico para su aplicación.
El País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria y la ciudad de Melilla se han sumado a esta petición que por el momento no ha reclamado ninguna de las autonomías gobernadas por el PP, aunque el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que en el caso de decretarse la región lo apoyaría.
La pasada medianoche, el presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), informaba de que había pedido la declaración del estado de alarma en la ciudad autónoma para aplicar el confinamiento nocturno, tal como había defendido ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, que aplazó la decisión de decretar el toque de queda por falta de un acuerdo sobre el marco legal para desarrollarlo.
Posteriormente, ha sido el lehendakari, Iñigo Urkullu, el que ha reclamado al Gobierno que decretase el estado de alarma por un período inicial de 15 días «en todo el Estado», aunque con el mando y la gestión en manos de los presidentes autonómicos.
Horas después, el gobierno catalán, reunido de urgencia, seguía los pasos del lehendakari, una vez que Asturias, Extremadura y La Rioja pidieran al Gobierno que declaración del estado de alarma, que mañana solicitarán formalmente Castilla-La Mancha y Cantabria, según han avanzado sus Ejecutivos.
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido la «utilidad» del estado de alarma y ha pedido su gestión si se aprueba.
Tanto el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, como el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han reclamado a Sánchez esta medida con el fin de poder contar con el respaldo legal necesario para restringir la movilidad nocturna de la población y frenar así el avance de la segunda ola de la pandemia de la covid-19.
Para estos dos mandatarios autonómicos, «lo lógico» es que ese estado de alarma se decretase en todo el territorio nacional.
Antes de estas peticiones, Sánchez comparecía este viernes a mediodía en el Palacio de la Moncloa para leer una declaración institucional en la que ha apelado a la «disciplina social» y a la «unidad» como vías para evitar un segundo confinamiento y se ha mostrado dispuesto a tomar «cualquier medida que sea necesaria».
«Dicho más claramente: debemos adoptar las medidas necesarias para frenar los contagios causando el menor daño económico posible y las menores restricciones posibles para las libertades personales. Y estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias», ha advertido.
Tras conocerse la petición de varias comunidades, fuentes del Ejecutivo han informado de que el Gobierno está «preparado» para adoptar «todas las medidas necesarias» para frenar el incremento de contagios por coronavirus.
La idea del Gobierno, según ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es buscar «apoyos claros» en el ámbito parlamentario y autonómico que garanticen que, si se toma la decisión de aplicar el toque de queda a nivel nacional dentro de un estado de alarma, este pueda ser prorrogado más allá de 15 días.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha telefoneado este viernes al presidente del Gobierno para exigirle que éste «tome el control» de la gestión de la pandemia le ha ofrecido su apoyo para que decrete el estado de alarma «para tomar medidas contundentes que eviten un segundo confinamiento».
Por su parte, el Gobierno andaluz no tiene intención de momento de solicitar la declaración del estado de alarma al considerar que con las medidas restrictivas adoptadas ayer -entre ellas, el toque de queda en Granada desde las 23:00 a las 6:00 horas- se garantiza la situación, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo andaluz.
Mientras se dirime la posible declaración de un segundo estado de alarma a nivel nacional, la Comunidad madrileña, donde 9 municipios saldrán de esta situación a las 16.47 de mañana, prohibirá a partir de entonces las reuniones sociales en toda la región desde la medianoche hasta las 6:00 horas entre no convivientes, tanto en espacios públicos como privados, salvo por motivos excepcionales.
También restringirá la movilidad desde el lunes en 32 zonas básicas de salud, donde no se podrá entrar ni salir salvo por motivos justificados.
En el resto de las horas del día se mantiene la limitación en las reuniones de un máximo de 6 personas, un número que podrá ser mayor en el caso de los convivientes.
Pese a ser la segunda comunidad con la incidencia más baja, la Valenciana está ultimando la resolución de la Conselleria de Sanidad para aplicar lo antes posible una restricción nocturna de la circulación, así como medidas adicionales para frenar la expansión de la pandemia, como la limitación del número máximo de personas en reuniones sociales.
La resolución, que pretende restringir los movimientos de la población entre la medianoche y las seis de la mañana hasta el 9 de diciembre, estará ultimada en las próximas horas y será remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para su validación, de forma que pueda hacerse efectiva al inicio de la semana próxima.
Castilla y León extenderá un toque de queda desde este mismo fin de semana a toda la región, lo cual hará decaer los confinamientos actualmente ordenados en varios municipios. El toque de queda se aplicará a partir de este sábado desde las 22 horas a las 6 de la madrugada, según el acuerdo adoptado esta tarde en el Consejo de Gobierno extraordinario convocado por Fernández Mañueco, que ha informado de que llevarán las nuevas restricciones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que ratifique una medida que considera «imprescindible» para controlar el incremento de contagios.