Una ocupación ilegal produce graves inconvenientes al propietario de la vivienda y a los vecinos de la comunidad ya que, demás del problema que supone la okupación, el proceso para echar a los okupas es largo y costoso.
Lo mismo sucede cuando un propietario alquila una vivienda y el inquilino deja de pagar la renta acordada en el contrato de alquiler, otra situación incómoda que puede llevar al arrendador a interponer medidas legales.
Echar a un okupa implica un proceso legal en el que el propietario tiene que invertir tiempo y dinero. Este proceso, que comienza cuando el propietario pone la demanda y que termina con el lanzamiento por una orden judicial, tiene una duración aproximada de unos 8 meses, según el portal inmobiliario Idealista.
El proceso puede seguir la vía penal, interponiendo una denuncia por un delito de usurpación y recogido en el artículo 245 del Código Penal, o por la vía civil, mediante un desahucio por precario. Igualmente, cualquiera de las dos vías supone costes para el propietario, entre los que Idealista cuenta los siguientes:
Además de estos gastos relacionados con la okupación, también se podría sumar otro coste añadido: la colocación de una puerta antiokupa, que tienen un precio de ente 800 y 1.000 euros.
Por otro lado, si el piso se ha alquilado de forma legal a un inquilino pero este no cumple con la renta de alquiler y deja de pagar, también se puede interponer una denuncia para su desalojo. Este proceso suele durar unos 12 meses y también conlleva una serie de costes: