El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no vetará la reanudación de los trabajos de la mesa de diálogo sobre Cataluña, pese a las «confianzas rotas» con el Gobierno de Pedro Sánchez durante el estado de alarma.
Así se desprende de las palabras de este martes de la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, en la primera rueda de prensa presencial del Govern en tres meses, tras su reunión semanal.
El pasado viernes, Torra enfrió la posibilidad de que la mesa de diálogo sobre Cataluña retome en breve sus trabajos -como pedía ERC y avala el Gobierno central-, ya que para dialogar, dijo, «hace falta un clima de confianza» y, en estos momentos, «no lo hay».
Este martes, sin embargo, Budó ha dado a entender que Torra y el flanco de JxCat en el ejecutivo sí aceptan participar en una nueva reunión de la mesa de diálogo pese a la falta de confianza mutua.
«No rehuiremos nunca este diálogo, más allá de que se hayan podido romper ciertas confianzas. Allí donde haya diálogo, el gobierno de la Generalitat estará», ha asegurado Budó.
Los trabajos de la mesa de diálogo para buscar una solución al «conflicto político» catalán, ha dicho, no son incompatibles con los que pueda hacer la Comisión Bilateral para abordar otros temas.
Antes de la crisis del coronavirus, ha subrayado, esta Comisión Bilateral ya debía reunirse para tratar diferentes cuestiones de interés de ambos gobiernos, aunque ahora «habrá otras prioridades».
Por otra parte, el debate político de este martes también ha venido marcado por la decisión de la Audiencia de Barcelona de condenar a dos años y cuatro meses de cárcel y a suspensión de cargo público al inspector de los Mossos d'Esquadra Jordi Arasa, por las cargas policiales en la acampada de indignados en la plaza Catalunya de Barcelona, el 27 de mayo de 2011.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado en Twitter contra el conseller de Interior, Miquel Buch: «Hoy se ha condenado a dos años de prisión por abusos en la actuación policial del 15M a Jordi Arasa, inspector de los Mossos. Lamentable que haya sido un juez y no su conseller quien lo haya sancionado. Y aún más lamentable que esa misma conselleria lo ascendiera hace dos meses».
Asimismo, la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, ha apelado al Govern a mover ficha: «En marzo, Jordi Arasa fue ascendido a jefe de ARRO-Barcelona de los Mossos. Hoy ha sido condenado. El Govern no puede mirar hacia otro lado. Debería rectificar ya y cesarlo».
En términos parecidos se ha pronunciado la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí: «El Govern deberá decidir si continúa con la política de avalar las malas praxis o si hace un gesto democrático y lo cesa, porque la auditoría más grande de la historia en los Mossos parece que no acaba de llegar».
En paralelo, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament han acordado incluir la polémica ley de creación de la Agencia de Patrimonio Natural en el orden del día del pleno que comenzará el día 17 y, con toda seguridad, será aprobada al contar con el apoyo de la mayoría de los grupos, aunque hay entidades que la critican.
Un centenar de personas, de hecho, se han concentrado este mediodía ante el edificio del Parlament para protestar contra la creación de la Agencia de Patrimonio Natural, y entre ellos figuraban algunos alcaldes y propietarios agrícolas y forestales.
La ley que creará esta agencia ha sido incluida en el orden del día del pleno del día 17 con el apoyo de la mayoría de los grupos.