El fiscal ha anunciado este lunes la rebaja de su acusación al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero de 11 años de cárcel por rebelión a 10 años por sedición, y ha ofrecido como alternativa poder condenarle a 60.000 euros de multa por desobediencia, lo que le libraría de la cárcel.
La decisión de retirar la acusación por el delito de rebelión en consonancia con la sentencia del «procés», además de a Trapero, beneficia a los otros dos acusados por ese delito y que también se enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.
De este modo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reducido su petición de pena para estos tres acusados en 10 años de cárcel por sedición y, en caso de que el tribunal no considere probado ese delito, ofrece como alternativa condenarles a 60.000 euros de multa a cada uno por desobediencia e inhabilitación especial por 1 año y 8 meses.
Para la tercera acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, ha mantenido su petición de 4 años por sedición con la alternativa de 30.000 euros de multa y un año de inhabilitación por desobediencia.
Por el delito de sedición, el fiscal reclama también la inhabilitación absoluta equivalente a los años de condena, «con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos» o «cualesquiera otros honores».
En su escrito de conclusiones definitivas, que ha entregado el fiscal a la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga estos hechos, y que ha sido facilitado a los medios por la Fiscalía General, Carballo esgrime como prueba de cargo, entre otras, la documentación que tres mossos transportaron en una furgoneta, que fue interceptada por la Policía Nacional «camino de su destrucción en una incineradora».
En ese dispositivo los agentes «encontraron documentos que evidenciaron las verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos d'Esquadra como era no impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Cataluña».
El fiscal destaca además la «relevancia» de los Mossos d'Esquadra en los planes independentista por su «capacidad investigadora e intimidatoria», lo que fue «imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum».
Para ello, añade, se dedicaron «a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente».
Como prueba de ello menciona el documento llamado Enfocats, conocido como la hoja de ruta del «procés», y la agenda Moleskine, intervenidos al que fuera segundo del exvicepresidente Oriol Junqueras, Josep María Jove, en el registro de la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017, que se produjo en mitad de una multitudinaria protesta.
Ese día dos vehículos de la Guardia Civil sufrieron graves destrozos y la secretaria judicial tuvo que abandonar el edificio a medianoche por el tejado.
Sobre este episodio, previo al referéndum, el fiscal asegura que Trapero y Laplana «cooperaron de forma decisiva» con los fines perseguidos por las instituciones catalanas y por las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes, conocidos como los Jordis, se encuentran en prisión por estos hechos.
Esa colaboración que el fiscal les atribuye consistió en impedir «el desarrollo de la diligencia judicial», «propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil».
A Trapero le acusa además de haber diseñado «de forma deliberada unos mecanismos de actuación» para impedir que los agentes bajo su mando pudieran cumplir «con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» en contra del 1-O.
Considera además que hizo una «utilización ilícita» para «informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando» a los políticos independentistas.
Respecto a Pere Soler, el fiscal sostiene que dio «cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum», mientras que a César Puig, le acusa de alertar de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitar información a los impulsores del «procés».
El juicio, que comenzó el 20 de enero y que se ha retomado este lunes tras el parón por el coronavirus, continuará el próximo lunes, día 15, con las conclusiones de las defensas, que reclamarán la absolución, y la exposición del informe del fiscal para sostener su acusación.