El Pleno del Congreso ha aprobado casi por unanimidad el decreto ley que aprueba una moratoria tributaria de un mes, hasta el 20 de mayo, para 3,4 millones de autónomos y pymes y ha recibido sólo las abstenciones de EH Bildu, la Cup y BNG.
La mayoría del Congreso ha aprobado por 342 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones este decreto ley que alivia el pago de los impuestos del IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades, previsto para abril, a autónomos y pymes ya que lo abonarán en mayo.
Aunque ha sido apoyado por PSOE, PP, VOX, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, ERC, JxCAT, ERC, Más País, Compromís o el PRC, la mayoría ha señalado que esta moratoria de pago de impuestos se queda corta, y algunos como Cs o JxCAT han solicitado que se tramitara como proyecto de Ley para recibir enmiendas.
Sin embargo la tramitación con enmiendas ha sido rechazada por la mayoría de socios que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
JxCAT, Cs o VOX han coincidido en que la medida se aprobó con retraso; justo el mismo día en que vencía el plazo para hacer el pago fraccionado de la liquidación del IVA y el PP ha señalado que no va acompañada de otras medidas como la flexibilización del acceso a prestaciones.
El real decreto ley amplía el plazo hasta el 20 de mayo para la presentación y pago de impuestos de todos los autónomos y pymes que facturan hasta 600.000 euros al año, el 95 % de los que tienen que presentar declaraciones en abril.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que esta medida inyectará cerca de 3.500 millones de euros a 3,4 millones de autónomos y pymes, ya que sus impuestos no se ingresarán ahora en el erario público.
Además ha defendido otras medidas de alivio aprobadas para autónomos y pymes como el aplazamiento de las deudas tributarias con la administración durante 6 meses, los 3 primeros sin intereses.
En este sentido ha avanzado que 626.800 contribuyentes han solicitado aplazar deudas tributarias hasta ayer, de los que 401.000 han sido aplazamientos de pagos para pymes y autónomos por importe de 2.334 millones de euros.
También ha recordado que cerca de 425.000 empresas se verán beneficiadas por el cambio en la tributación para que en vez de por el sistema de módulos puedan hacerlo temporalmente por estimación directa (por ingresos reales) lo que permitirá liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez para las empresas.
Durante el debate de convalidación de la moratoria tributaria algunas de las formaciones que apoyaron la investidura como el PNV y ERC han calificado la norma de insuficiente y parche, y JxCAT ha urgido a que Hacienda permita flexibilizar la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan destinar recursos a ayudar a autónomos y pequeños empresarios.
ERC ha solicitado ampliar el aplazamiento urgente de oficio de las obligaciones tributarias al 30 de septiembre e implementar ya la «tasa digital» a empresas que durante la crisis y el confinamiento han visto incrementados sustancialmente sus ingresos.
También ha vuelto a incidir en la necesidad de una reforma fiscal profunda sustentada en un impuesto sobre el patrimonio, sobre la riqueza financiera y sobre las transacciones financieras.
El PP ha pedido apoyo a los ayuntamientos que son los que «se dejan la piel para solucionar los problemas de sus vecinos día a día» y VOX ha señalado que lo que debe hacer el Ejecutivo es condonar pagos o trasladarlos a octubre.
Violencia de género
El Congreso ha convalidado también el decreto ley del Gobierno para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que se tramitará como proyecto de ley.
El decreto ha sido respaldado por los partidos que conforman el Gobierno, PNV, Cs, ERC, EH Bildu, JxCat, Más País y BNG, mientras que el PP se ha abstenido y Vox y Foro Asturias han votado en contra.
El texto se tramitará como proyecto de ley, una petición de Cs que ha contado con la mayoría suficiente de la Cámara.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la necesidad de proteger «de manera extraordinaria» a las víctimas de violencia de género y a sus hijos durante el confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que la convivencia de 24 horas con el agresor «exacerba los riesgos» de padecer conflictos y situaciones de violencia.
Montero ha recordado que la ONU ha instado a los estados a dar una respuesta inmediata a ese peligro y ha afirmado que el incremento de casi un 50 % de las llamadas al 016 constatan que la violencia machista se produce más y con más vigor.
El decreto ley declara esenciales los servicios de atención a víctimas (como el 016 o los centros de emergencia y acogida, pisos tutelados y alojamientos seguros tanto para víctimas de violencia de género como de explotación sexual y trata con fines de explotación sexual).
Permite el uso de hoteles y hostales para alojar a estas mujeres, determina que todos esos centros dispongan de equipos de protección individual (EPI) para sus trabajadores y garantiza el normal funcionamiento del sistema de seguimiento telemático de los agresores.
Por último, habilita el mecanismo para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas puedan destinar la ejecución de los fondos del Pacto de Estado Para la Violencia de Género con el objetivo de que puedan poner en marcha las medidas específicas necesarias durante esta crisis.
Montero ha asegurado que organismos internacionales como ONU Mujeres han valorado esta iniciativa del Gobierno y querido trasladar a las víctimas de violencia machista «un mensaje claro": «No estáis solas. (...) Los vecinos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno estamos aquí para ayudaros».
El PP ha criticado que el decreto contemple el incumplimiento de la ley general de financiación presupuestaria con carácter excepcional y la diputada Pilar Marcos ha vuelto a reprochar a Montero que se alentara la participación en las marchas del 8 de marzo.
La diputada de Cs María Muñoz ha subrayado que el confinamiento es una «exposición constante y permanente» de las víctimas al dolor que le infligen sus agresores: «El hogar, que tendría que ser refugio, se convierte en el foco de mayor peligro para muchas mujeres» y esto requiere unidad y el «mayor esfuerzo» de las instituciones.
En ese sentido, Sofía Castañón (Unidas Podemos) ha destacado que la lucha contra la violencia de género es una cuestión de estado, ha exigido que «no forme parte nunca más de nuestra normalidad» y ha aseverado que quienes rompen el consenso «están rompiendo con principios democráticos básicos».
Vox, en palabras de su diputada Carla Toscano, ha considerado «lamentable» que se hable en el Congreso de violencia de género «con 24.000 fallecidos por coronavirus» debido a que «la maquinaria de propaganda del feminismo marxista no descansa": «El feminismo sectario y excluyente es la peste roja», ha dicho.
La socialista Zaida Cantera ha denunciado que el confinamiento es un «infierno sin interrupción» para las víctimas de violencia de género y ha asegurado que el decreto «tiende la mano a esas miles de mujeres».
Desde el PNV, Idoia Sagastizabal ha subrayado que es importante no dar ni un paso atrás» y ha calificado las medidas del decreto como «oportunas y necesarias».
Para Isabel Pozueta (Bildu), el texto «se ha quedado corto y es insuficiente» porque es necesario un «esfuerzo específico» para atender a las víctimas del ámbito rural y tanto Laura Borràs (JxCat) como Néstor Rego han incidido en que sin financiación el decreto puede ser papel mojado.
José María Mazón (PRC) ha pedido a Montero que se transfieran fondos a las comunidades autónomas o se les permita un mayor endeudamiento e Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha votado en contra al considerar el decreto «propaganda» y tener una «deficiente construcción técnica».
Tanto el PNV como Ciudadanos han afeado a Montero que se haya tardado tanto en llevar el debate del decreto a la Cámara (casi un mes) y se haya primado que sea la ministra quien lo defienda -ya que estaba en aislamiento por la COVID-19- a la urgencia de la materia.