El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este jueves de las duras críticas de la oposición y ha querido dejar claro que el Gobierno ni controla ni censura las opiniones contrarias a su gestión y sólo monitoriza la red para proteger al Estado y a los ciudadanos.
Marlaska ha tenido que enfrentarse en el Congreso durante cuatro horas y media a la lluvia de reproches que le ha caído desde un lado y otro a cuenta de la gestión de la pandemia del coronavirus.
Por un lado, PP y VOX le han echado en cara que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está aprovechando la crisis sanitaria para cercenar la libertad de expresión. Desde los partidos más a la izquierda y algunos nacionalistas la crítica se ha centrado en la aplicación de la «ley mordaza» para el control de las medidas del estado de alarma y en los «abusos» de los agentes a la hora de sancionar.
Gran parte del debate en la Comisión de Interior del Congreso la ha monopolizado las críticas a ese posible control del Gobierno, una polémica que se avivó con las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, cuando dijo que se trabajaba para «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno».
«No hay censura, trabajamos para proteger a la sociedad y en situaciones complejas como esta», ha enfatizado Marlaska poco después de defender la proporcionalidad con la que actúan los agentes, a los que ha dado su respaldo y a los que ha reconocido su trabajo en esta crisis aun en «detrimento de su propia seguridad».
De todos modos, estamos en un estado de derecho y si se constata que ha habido abusos, se depurarán las responsabilidades, ha continuado el titular de Interior.
«Persecución política, no hay; es que no hay. Lo he dicho por activa y por pasiva», ha apostillado Marlaska, quien ha querido insistir en que la pretensión del Gobierno es luchar contra la desinformación», un objetivo que, según ha recordado, está en la propia estrategia de seguridad de España y en la de muchos países.
Y para reforzar su afirmación, ha explicado que otros países se están planteando «regular mejor» esa lucha contra los bulos y una desinformación «utilizada por desaprensivos a todos los efectos y a todos los fines».
Convencido de que la sociedad española es «inteligente», ha negado que el Gobierno quiera «tutelarla». «No se tutela, se protege a los ciudadanos» y se monitorizan las redes en fuentes abiertas, lo que no significa que se ponga a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a investigar a nadie.
Ha lanzado a los diputados esta pregunta: «¿Cómo creen que actuarían la Policía y la Guardia Civil si se les diera una hipotética orden ilegal?».
«Quiero ser muy claro. Hay desaprensivos que en esta crisis pretenden aprovechar la grave situación sanitaria», ha dicho al comienzo de la sesión para referirse al incremento del cibercrimen y a delitos como estafas en la red, ofertas de falsos remedios y curas, la manipulación de documentos oficiales y desinformación sobre el estado real de servicios esenciales.
Sobre este asunto, Marlaksa no ha dudado en aludir implícitamente a VOX tras sus ataques por la instrucción de la Guardia Civil de investigar las campañas de desinformación.
El ministro ha enfatizado que la persecución de estafas, falsas alarmas, falsas recetas o vacunas inexistentes no pueden justificarse como ejercicio de la libertad de expresión.
«No es libertad de expresión, son actos deplorables que ponen en riesgo la salud de todos», ha continuado Marlaska, antes de dejar claro que las fuerzas de seguridad seguirán combatiendo estos comportamientos.
Durante su intervención inicial, el ministro ha agradecido la «extraordinaria» labor a los 170.000 empleados dependientes de Interior y ha mostrado su reconocimiento a toda la sociedad por su «solidaridad, valentía y capacidad para seguir adelante».
Ha dejado claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad han logrado hacer cumplir las restricciones a la movilidad. «Si no hubiese habido disciplina, no se hubiera conseguido rebajar contagios hasta el 3 por ciento», ha añadido Marlaska, antes de cifrar en 680.995 las sanciones impuestas y en 6.061 los detenidos por incumplir las restricciones.
Marlaska ha defendido que el descenso de contagios también se ha trasladado a las fuerzas de seguridad con la realización de 5.000 test y que se ampliarán «en los próximos días a 30.000».
Ha subrayado que en las últimas semanas se han distribuido diferentes materiales de protección: 6,3 millones de mascarillas, 1,5 millones de guantes, 30.450 batas o 12.000 gafas.