El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que no tiene constancia de que se hayan producido abusos policiales, como patadas o golpes a ciudadanos durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Marlaska ha sido preguntado por este asunto en una rueda de prensa telemática desde Moncloa, en la que ha insistido en que no le consta «ningún» abuso por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en el dispositivo por la COVID-19.
En cualquier caso, ha señalado que si alguien cree que ha sido objeto de algún abuso, puede denunciarlo y se seguirá el tramite correspondiente porque «estamos en un estado de Derecho», ha afirmado, y cualquier «desviación» de la proporcionalidad exigida a los agentes se perseguirá.
Lo que sí le consta es el trabajo «concienzudo e importante» de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha insistido Marlaska, quien, por otro lado, ha valorado la coordinación diaria entre las diferentes policías y el Ejército.
Precisamente, ha alabado las actuaciones conjuntas de las fuerzas de seguridad y las fuerzas las armadas, como la protección de las infraestructuras críticas, y ha señalado que, de momento, no han sido necesarias patrullas mixtas de seguridad ciudadana.
Si llegara el momento, se formarían, ha apostillado el titular de Interior.
Respecto a los desplazamientos a segundas residencias, prohibidos en el estado de alarma, Marlaska ha manifestado que han sido anecdóticos y ha explicado que algunas denuncias en este sentido han sido investigadas por la Guardia Civil, que ha comprobado que esas personas ya habían viajado hasta ellas antes del decreto.
Presos
Por ora parte, el ministro del Interior ha cuestionado que algunos presos independentistas condenados por el 1-O puedan salir a trabajar en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al entender que debe prevalecer bajo el estado de alarma por el coronavirus que no se ponga en riesgo la salud del resto de internos privados de libertad en su regreso a los centros penitenciarios.
«Serán los técnicos quienes tengan que determinar la proporcionalidad y la necesidad de esa libertad para ir a trabajar en esos términos», ha señalado en una rueda de prensa desde La Moncloa en la que ha insistido en que con el estado de alarma por el coronavirus existen más restricciones y se han suspendido las comunicaciones en todas las prisiones. «No me atrevo a dar una conclusión, es muy complejo y no se puede solventar de un plumazo», ha subrayado.
Grande-Marlaska ha insistido en que desde la administración penitenciaria --Cataluña tiene transferidas las competencias en prisiones-- se tiene que garantizar los derechos de todos y «tener muy en cuenta que el principal objetivo es la salud pública».
Al ser presos que salen unas horas a trabajar y luego vuelven a prisión, ha añadido que existen «muchas aristas» porque se debe «controlar mucho el riesgo de contagio al retornar con las personas privadas de libertad».
La Consejería de Justicia de la Generalitat ha explicado este martes en un comunicado que los presos con tercer grado o con el principio de flexibilidad del artículo 100.2 podrán ir a trabajar, si sus empleos pertenecen a uno de los sectores que han retomado la actividad durante el estado de alarma.
La Consejería ha aludido tanto a los internos que se han confinado en casa como los que siguen en la cárcel, como los líderes del 1-O condenados por el Tribunal Supremo. Su idea es que estos últimos cambien a celdas del área de ingresos o que sean trasladados a centros abiertos, para evitar el contacto con los presos que no salen el exterior y limitar los contagios.
Así, a partir del miércoles quieren que recuperen las salidas en base al artículo 100.2 aquellos presos que lo usaban antes del confinamiento para trabajar, pero no quienes lo usaban para hacer voluntariado o cuidar de un familiar, que son los otros dos supuestos que prevé el Reglamento.
Por lo tanto, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa no recuperarán por ahora los permisos de salida, ya que usaban el 100.2 para cuidar de familiares, mientras que para el resto de presos del 1-O dependerá de si las empresas donde acudían trabajar mantienen la actividad.