El Gobierno trabaja con la hipótesis de que sea necesario endurecer las restricciones a la actividad económica o a la movilidad de los ciudadanos en aplicación del estado de alarma decretado, al menos, hasta el próximo 11 de abril para tratar de detener la expansión el coronavirus.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha reconocido que todos los ministerios están preparados para adoptar cualquier medida complementaria si es que el Ministerio de Sanidad ve adecuada implantarla para reducir los riesgos de la COVID-19.
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En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, Montero ha recordado que las medidas adoptadas hasta ahora en España son de las más drásticas de Europa. Sin embargo, también ha admitido que el Ejecutivo está analizando qué han hecho otros países.
En cualquier caso, cualquier otra medida complementaria, como limitar aún más la actividad económica o el tránsito de personas, dependerá de lo que digan las autoridades sanitarias que son las que manejan los datos científicos y ven cómo evoluciona la enfermedad. «Es importante que los ministerios tengan claro los escenarios en los que pueden tener que jugar», ha subrayado.
A la espera de cómo evoluciona la pandemia, el Consejo de Ministros ha aprobado formalmente el decreto de prórroga del estado de alarma durante otras dos semanas, que recibió el visto bueno del Congreso el pasado miércoles.
Con este decreto, el Gobierno se compromete además a comparecer semanalmente en la Cámara Baja para informar de la situación, algo que hará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se encargará de dar cuenta detallada de los datos sobre la evolución de la pandemia.
Una comparecencia del titular de Sanidad que el PP considera claramente insuficiente.
Su presidente, Pablo Casado, ha reclamado la creación en el Congreso de una comisión de control específica sobre la crisis del coronavirus y que sea Pedro Sánchez quien comparezca cada semana en este órgano parlamentario.
«Pedimos una comisión de control específica y que Sánchez comparezca cada semana. Además de nuestros votos, les vendría bien nuestra experiencia», ha asegurado Casado en referencia a anteriores crisis sanitarias gestionadas por el PP, como la del SARs o el ébola.
Según Casado, «cada retraso, mentira o error cuesta vidas» y ha reclamado al Gobierno eficacia para comprar material de protección y detección del virus tras conocerse que el Ejecutivo había adquirido miles de test defectuosos. Entretanto, el Gobierno español busca apoyo de la Unión Europea para paliar los efectos negativos del parón de la economía.
Pedro Sánchez, que volverá a reunirse telemáticamente este domingo con los presidentes autonómicos, ha advertido de que el futuro del proyecto europeo está «en juego» y ha subrayado que hay que elegir entre una Unión Europea «coordinada y solidaria o el individualismo».
«Afrontamos la peor crisis de nuestra generación», ha alertado Sánchez, que ha reclamado una respuesta común a esta emergencia. En su opinión, la COVID-19 afecta a todos y «no entiende de fronteras, género o clase».
Por eso, considera que la UE debe aprender de las lecciones del pasado y no volver a fallar a la ciudadanía como ocurrió, en su opinión, en la pasada crisis económica.
España, junto a otros países europeos, ha propuesto un instrumento de deuda común que facilite la recuperación «rápida, sostenible e inclusiva» y garantice estabilidad en la financiación de las medidas para afrontar la pandemia.
En esta misma línea, su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado la falta de consenso en la UE y ha pedido a las instituciones europeas que no den la espalda a los ciudadanos en una situación de emergencia como la actual.
«No es tiempo de reproches ni tampoco de practicar el ventajismo o el oportunismo», ha incidido Montero, antes de reiterar en que se trata de una situación sin precedentes que requiere medidas excepcionales.