El abogado Víctor Valladares ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir concentraciones multitudinarias días previos a la aprobación del estado de alarma, entre ellas las marchas por el Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar el 8 de marzo, desoyendo advertencias sobre el riesgo de contagio por coronavirus.
La denuncia explica que el presidente del Gobierno cometió un delito de prevaricación administrativa por omisión por «inacción» y no atender a los «dictados de la Unión Europea y del propio Ministerio de Sanidad» y no haber prohibido mediante Real Decreto «cualquier tipo de reunión tumultuosa o manifestación».
Antes de acudir al Supremo, el abogado presentó otra denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid por estos mismos hechos contra los delegados del Gobierno en todas las comunidades autónomas, en la que ya apuntó contra el jefe del Ejecutivo. Si bien, la titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, a quien recayó decidir si la admitía a trámite o no, aceptó investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al ser el único denunciado sobre el que tiene competencia.
RECOMENDACIONES EUROPEAS
La denuncia, que Valladares ha presentado en calidad de particular, constata que el 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para el control y la prevención de enfermedades dictó un informe en el que se establecía las «medidas de distanciamiento social individual» que debían «promover» los Estados miembros de la Unión Europea.
Entre las recomendaciones, el denunciante señala que se encontraba «evitar acudir a actos multitudinarios», como «medida preventiva», e incluso «considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales». Añade que en esa fecha, en España ya existían 114 contagiados por la citada enfermedad, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.
A ello añade que el 6 de marzo, el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios alertaron «sobre los peligros de expansión del coronavirus y las medidas que convenía tomar».
Así, indica que el 8 de marzo las delegaciones del Gobierno permitieron la celebración de «multitudinarias manifestaciones», «sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central para la prohibición de la celebración de manifestaciones, tal y como indicaba la Unión Europea».
Con todo ello, el denunciante se pregunta por qué se autorizaron dichas concentraciones «poniendo en riesgo y peligro vital a sus asistentes y a toda la sociedad española» o por qué «no se emitió una orden que evitara cualesquiera tipo de eventos multitudinarios, tal y como los mencionados o el celebrado por el partido político VOX en el palacio de los deportes de Vistalegre de Madrid, o algunos eventos deportivos o conciertos musicales».
COMPARACIÓN CON ITALIA
Asimismo, hace una comparación con Italia, «país que debió servir de espejo», destaca, y afirma que en España ha habido un «incremento 45 veces mayor de infectados por la COVID-19» que en dicho país desde que se puso en conocimiento el informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades.
Por ello, insiste en que la marcha del 8-M pudo ser un foco de contagio y hace hincapié en que miembros del Gobierno que encabezaban la manifestación como la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al igual que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, han dado positivo en coronavirus.
Para concluir, el denunciante pide al Tribunal Supremo que practique diligencias similares a las que ha acordado la juez de Madrid, como conocer el curso que las autoridades españolas han dado al informe del Centro Europeo, así como si se remitieron recomendaciones sanitarias a las delegaciones del Gobierno en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de Marzo en adelante o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación para que las concentraciones tuvieran lugar «sin restricción alguna».
También solicita que se interrogue en calidad de testigo-perito a las personas que elaboraron los informes del Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos sanitarios, entre ellos Fernando Simón, director del primer organismo y actual portavoz del comité de seguimiento del coronavirus en el Ministerio de Sanidad.