La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha anunciado este jueves la ampliación de las restricciones de accesos a todas las cárceles del país en el marco de las medidas de contención aprobadas ante el brote de COVID-19.
El departamento dependiente del Ministerio de Interior amplía así una medida que ya se aplicaba en los establecimientos penitenciarios de Madrid, Álava y La Rioja.
Tras dos casos de coronavirus registrados en el ámbito penitenciario --una trabajadora de la prisión de Aranjuez y un preso de Zaballa--, desde Instituciones Penitenciarias se ha acordado la suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas.
De este modo, solo se permitirán las comunicaciones ordinarias ya que se producen en locutorios separados por una mampara de cristal. Además, los letrados y ministros de culto comunicarán exclusivamente a través de locutorio.
Igualmente, solo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y personal extra penitenciario cuya labor sea imprescindible y queda excluida, por tanto, la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados y otro personal no necesario.
Quedarán suspendidos los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales y se cancelan las salidas programadas, así como el resto de salidas tratamentales, que se comunicarán a Vigilancia Penitenciaria en el caso de que hubiesen sido autorizadas por dicho órgano.
En cuanto a la actividad docente, se establecerá en función a lo dispuesto por las diferentes administraciones educativas.