Los partidos y entidades independentistas han exhibido sus diferencias estratégicas en la cumbre convocada por el presidente catalán, Quim Torra, en la que ha habido solo un consenso de mínimos para reclamar al Gobierno español el derecho a la autodeterminación y el «fin de la represión».
La cumbre independentista, celebrada en el Palau de la Generalitat y que ha durado cerca de dos horas, había sido convocada por Torra para perfilar, de manera consensuada, la posición del Govern de cara a la apertura de negociaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en busca de una solución política para el conflicto catalán.
Ha habido un mínimo consenso en que el Govern debe ir a la mesa negociadora con Sánchez solo a defender la autodeterminación y el «fin de la represión», pero se ha constatado el «escepticismo» de CUP y ANC y la «cautela» con la que JxCat afronta este diálogo previsto en el acuerdo de investidura alcanzado por el PSOE y ERC.
En la reunión, presidida por Torra, han estado presentes asimismo el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y representantes de los partidos y entidades: Marta Vilalta y Josep Maria Jové (ERC), Elsa Artadi y Albert Batet (JxCat), Carles Riera y Maria Rovira (CUP), Marcel Mauri y Jordi Bosch (Òmnium) y Josep Cruanyes y Arià Bayé (ANC).
En el encuentro también ha participado, por videoconferencia, el eurodiputado Antoni Comín, cara visible del llamado Consejo por la República.
Pese a que del encuentro no se ha salido con ningún documento pactado, Budó ha explicado posteriormente que Torra ha recibido el «apoyo» de partidos y entidades a reclamar ante Sánchez el derecho a la autodeterminación y el «fin de la represión», cuestiones que han concitado el «consenso» de los asistentes.
Si la reunión prevista entre Torra y Sánchez se produce «de manera inmediata», ha dicho Budó, el presidente de la Generalitat «ya tiene el consenso de todos los actores del independentismo que hoy estaban representados en esta reunión, para exponerle tanto el derecho a la autodeterminación como el fin de la represión».
Budó ha explicado que la idea es «dar continuidad» a esta mesa de diálogo entre partidos y entidades independentistas, que en próximos encuentros deberán intentar consensuar también el «contenido», las «condiciones» y las «garantías» que debe tener la mesa de gobiernos.
Pero más allá de esta unidad de mínimos, las comparecencias de los asistentes han revelado las divergencias estratégicas entre ellos, con propuestas diversas que el Govern «analizará».
El más contundente a la hora de mostrar su «máximo escepticismo» ante la mesa de negociación con el Gobierno español ha sido Carles Riera, que ha avisado de que la CUP será «rotundamente beligerante» si el diálogo entre ejecutivos se ciñe a «marcos de naturaleza autonomista».
La CUP apuesta por la «movilización» y la «desobediencia civil e institucional» para «forzar» al Estado a una negociación efectiva sobre autodeterminación y amnistía, ha dicho Riera, que ha dejado en el aire la continuidad de la CUP en esta mesa independentista.
Un tono mucho más optimista ha utilizado la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha puesto en valor la mesa de negociación entre gobiernos acordada por los republicanos y el PSOE y que puede servir para «acercar» una «solución democrática» al conflicto catalán. En cambio, desde JxCat, Elsa Artadi se ha mostrado más cautelosa y «prudente» con respecto a los resultados que pueden cosecharse.
Artadi ha negado que lo acordado entre PSOE y ERC represente un «avance» hacia la resolución del conflicto y ha recalcado que esta negociación con el Gobierno español no debe servir para «perder el tiempo», ni para abordar «solo temas antirrepresivos», ni para alimentar una «falsa» imagen dialogante de Sánchez.
Por otra parte, este miércoles Torra ha reiterado que no hará caso de una sentencia firme del Tribunal Supremo que lo inhabilite, a menos que sea el Parlament quien lo «desautorice» y, acatando esa sentencia, lo aparte de sus funciones.
«Si el Parlamento de Cataluña llegase a este extremo de desautorizarme, estaríamos hablando de que seguramente estaríamos unos meses con un presidente en funciones y se convocarían elecciones», ha señalado.
Tras la reunión del Govern, Budó también ha abierto la puerta a unas elecciones catalanas este año si el Parlament acata la inhabilitación de Torra, tras una sentencia firme, y no prospera una nueva investidura en los dos meses de plazo máximo previsto.