La propuesta de renta mínima de 426 euros para personas desempleadas que buscan activamente empleo y que fue impulsada por los sindicatos a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hace casi 3 años, deberá afrontar un nuevo debate en el Pleno del Congreso, una vez formadas las nuevas Cortes.
La ILP pasó su primer trámite parlamentario en febrero de 2017, una vez que CCOO y UGT consiguieron el respaldo de 700.000 firmas, y fue tomada en consideración con la aprobación de todos los partidos políticos a excepción del PP y Ciudadanos.
Posteriormente superó con la misma mayoría el veto del PP, que fue apoyado sólo por la formación naranja Cs, con lo que la proposición de ley para crear una prestación de ingresos mínimos inició su trámite en la comisión de empleo, aunque ahí quedó paralizada en sus plazos de presentación de enmiendas.
El nuevo Congreso deberá pronunciarse sobre esta renta mínima que en 2017 iba a beneficiar a casi dos millones de hogares cuya renta per cápita era inferior a 5.837 euros anuales.
Y es que las ILP no decaen con la disolución de las Cortes, pero en este caso deberá empezar su tramitación desde el inicio.
Es muy previsible que PP, Ciudadanos y VOX rechacen su toma en consideración con el argumento del elevado coste de esta prestación estimado, en su momento, en unos 12.000 millones de euros anuales, y el PSOE tendrá que buscar una nueva aritmética, ya que los apoyos pasados del PNV, ERC, Compromís o CC son insuficientes sin JxCAT o Navarra Suma.
Precisamente, el PSOE ha llevado en su programa electoral la creación de un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil, objetivo que podría ser coincidente con el de esta renta mínima, y que además fue defendido por el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, cuando señaló que esta prestación debía ser aprobada por «justicia social» y «para luchar contra la desigualdad».
La proposición de ley se paralizó en la anterior legislatura en su trámite en Comisión y no llegaron ni tan siquiera a presentarse enmiendas parciales.
La prestación de unos 426 euros va dirigida a familias sin recursos o en situación de exclusión social y se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares, según consta en su texto inicial.
Sin embargo, esta renta mínima fue criticada por varios expertos que comparecieron en el Congreso y mientras la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó de que elevaría el déficit público por encima del 3 % del PIB en 2020, FEDEA consideró que desincentivaría la búsqueda de empleo.
En sentido contrario los nacionalistas vascos y catalanes la consideraron necesaria, aunque siempre respetando las competencias autonómicas, mientras que Unidas Podemos dijo que había que subirla a 600 euros mensuales en línea con su propuesta de renta garantizada.
Por otra parte, desde que se constituyó la Cámara Baja el 21 de mayo, el PP ha registrado varias proposiciones de Ley económicas.
Entre ellas el grupo parlamentario del PP ha pedido incrementar la cuantía máxima de las bonificaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para fomentar la formación profesional dual, del sistema de formación profesional para el empleo y para los jóvenes y las personas con discapacidad. y fijar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica al 0 % o la ley sobre protección de la convivencia vecinal y de la seguridad de las personas y las cosas ante situaciones de ocupación ilegal de cosa inmueble.