El exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol volverá a prisión después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 2 de Barcelona haya revocado su clasificación en tercer grado aprobada por la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, estimando así un recurso de Fiscalía.
En un auto la magistrada acuerda revocar el tercer grado al considerar que no es conforme a Derecho e indica que la resolución es ejecutable, después de que el Ministerio Público presentara en abril un recurso al ver «trato privilegiado» a Pujol --condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil por el caso ITV--.
Fuentes fiscales han informado de que este jueves por la mañana se ha notificado a la Fiscalía la aceptación del recurso contra el tercer grado y que «ello implica su ingreso inmediatamente en prisión».
La jueza ha valorado que en el caso de Pujol «no concurren favorablemente calificadas todas las variables» que el Reglamento Penitenciario establece para que se pueda clasificar al penado inicialmente en tercer grado.
Ha indicado que «ni tan siquiera habían transcurrido dos meses desde su ingreso, por lo que no puede afirmarse que se ha cumplido con un periodo razonable de observación que permita al Equipo Técnico estudiar al interno», lo que ve indispensable para la clasificación inicial en tercer grado.
«DÉFICITS TRATAMENTALES»
Ha añadido que concurren circunstancias favorables como su primariedad delictiva, asunción y reconocimiento de los hechos, pago de las multas, bajo riesgo de reincidencia o adaptación socio familiar y tener un empleo, entre otras, pero que estos datos no son determinantes porque «no se observa que se haya producido durante el escaso periodo de ingreso cambio alguno en los déficits tratamentales determinantes de su comportamiento delictivo».
La jueza ha considerado que el tiempo que Pujol ha estado realizando un programa sobre moral y valores desde el 19 de febrero no es suficiente, y que no consta valoración, consolidación y seguimiento que se hayan alcanzado «ni si han tenido algún efecto reeducador en relación a su conducta delictiva centrada, según los informes, 'en la codicia y la posible repercusión en su estatus social y sus relaciones de poder».
Además, ha asegurado que la infracción de Pujol tiene especial relevancia en términos de repercusión social e institucional porque era diputado del Parlament y generó descrédito en las instituciones, y actuó «aprovechando su privilegiada condición política y actividad pública para cometer los hechos delictivos que se prolongaron durante varios años y que deben ser objeto de un importante reproche».
TERCER GRADO
El tercer grado a Pujol suponía que desde el viernes 29 de marzo pudiera salir de la cárcel durante el día entre semana y estar en su casa los fines de semana, pero Fiscalía presentó un recurso en el que pedía que se le clasificara en segundo grado, y lamentaba que se transmitía «un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir» y que la ley no es igual para todos.
La Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
El fiscal recordaba en su recurso que Pujol, entre 2010 y 2012 se aprovechó de su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC para urdir un plan para beneficiarse económicamente del aumento de estaciones de ITV que iban a ser adjudicadas, y también usó «la influencia de su posición política a fin de conseguir actos administrativos favorables a sus propios intereses» y percibió comisiones a través de su esposa.