Miles de personas, 60.000 según la organización y entre 35.000 y 50.000 según la delegación del Gobierno en Navarra, han participado este domingo en Alsasua en una multitudinaria manifestación, convocada por las plataformas Altsasu Gurasoak y Altsasukoak aske, para rechazar la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma las penas de entre dos y 13 años de cárcel para los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016.
La manifestación ha partido sobre las 12.15 horas desde la entrada de Alsasua precedida de una pancarta con el lema 'No es justicia. Altsasukoak aske' ('Libertad para los de Alsasua'). Le seguían las fotos de los ocho encausados y se han portado grandes letras amarillas formando la palabra 'Justizia'. La marcha ha estado flanqueada por un gran grupo de persona que les recibía con aplausos y gritos de 'Altsasukoak askatu' ('Libertad para los de Alsasua) y 'Hau ez da justizia' ('Esto no es justicia').
A lo largo de la manifestación, que ha recorrido las calles del pueblo, se han colocado hasta doce pancartas donde se detallaba la cronología del caso. La movilización ha finalizado al final de la calle Zelai, donde se ha instalado un escenario y se ha leído un manifiesto.
Varios representantes institucionales y políticos han respaldado la manifestación. Así, se ha podido ver a la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, al alcalde de Alsasua, Javier Ollo y al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. También había miembros de diferentes partidos políticos. Entre ellos, el parlamentario de Geroa Bai y vicepresidente primero del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, los parlamentarios de EH Bildu Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz, la candidata de Podemos al Congreso, Ione Belarra, la senadora autonómica por Navarra, Idoia Villanueva, así como el representante de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.
En declaraciones a los medios de comunicación, Edurne Goicoechea, en representación de Altsasu Gurasoak y madre de Ainara Urquijo, ha explicado que esta ha sido una manifestación para «denunciar que esto no es justicia» y ha criticado que «siete de nuestros chavales están encarcelados, tres de ellos llevan dos años y medio». Asimismo, ha censurado que «hemos tenido un juicio que en absoluto ha sido un juicio, ha sido una pantomima» y ha remarcado que «la mayoría de los jueces por los que hemos pasado tiene una condecoración de la Guardia Civil».
En este sentido, ha afirmado que los asistentes a la manifestación «vienen a reivindicar que tenían que estar todos en casa y libres». «Hubo una pelea, se ha investigado qué pasó y no han sido capaces de determinar qué actuación tuvo cada uno», ha reprochado Goicoechea que ha criticado que «han hecho un totum revolutum» porque «necesitaban una excusa, seguir manteniendo vivio los tiempos del pasado, la tensión, la angustia».
Ha atribuido el caso la necesidad de «mantener Euskal Herria como foco conflictivo que permite que haya más intereses políticos y económicos». «Nuestros hijos no son marionetas, son muy importantes para mucha gente», ha subrayado la representante de Altsasu Gurasoak que ha recalcado que «nosotros no miramos en votos, miramos en vidas». «Ningún político o juez que no mira primero en vida está a la altura de las circunstancias», ha resaltado.
Además, ha reprochado que «las provocaciones en el pueblo son continuas» y ha destacado que «frente a eso tenemos la solidaridad y la dignidad demostrada en miles de personas, con el cariño de la gente y nuestras ganas de seguir luchando por que todos nuestros chavales estén en casa y libres». «No se corresponde un tobillo roto con lo que nos están haciendo», ha sentenciado.
Preguntada sobre el recorrido judicial que se plantean ahora, Edurne Goicoechea ha explicado que «el siguiente paso» es el Tribunal Supremo. «Siguiente sería el Constitucional y al final Estrasburgo», ha indicado. «Estamos hablando de tiempo que corre en nuestra cuenta y lo saben, porque mientras nuestros hijos están en la cárcel ellos están ganando tiempo» porque «saben que no tienen recorrido lo que están haciendo». Así, «cada día es una victoria para la gente que quiere utilizar este caso en represión y venganza», ha concluido.
Por su parte, en representación de Altsasukoak aske, Aritz Leoz, ha definido esta manifestación como «una nueva muestra de dignidad de este pueblo que vuelve a pedir justicia proporcional y real, no solo para los ocho jóvenes encausados sino para toda una sociedad». Ha afirmado que esta movilización demuestra que «toda la sociedad está preocupada y concienciada de que este caso lo único que hace es enseñar un problema más grande, que existe y se está enraizando en nuestra sociedad».
A este respecto, ha recalcado que «nosotros no estaremos nunca a favor de ese camino y lo que haremos será luchar por la proporcionalidad de la justicia, los derechos y libertades para toda la sociedad».
Leoz ha destacado la asistencia a esta movilización, con 60 convocatorias de autobuses procedentes de diferentes lugares de Navarra y España, así como la implicación de 300 personas del pueblo para su organización. En este sentido, ha considerado esta movilización como «un gran abrazo a toda la gente que está luchando y dando la cara por nosotros».
Al finalizar la manifestación, una representación de los padres y madres de los condenados, englobados en la plataforma Altsasu Gurasoak, han leído un comunicado en el que han agradecido «las muestras de solidaridad, aliento y apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo».
Asimismo, han afirmado que «esto no es justicia» porque «no ha habido neutralidad ni rigor en la instrucción del caso» y porque «la parte acusatoria, es decir, el cuerpo de la Guardia Civil ha sido la que ha realizado la investigación del caso durante la instrucción apartando a la Policía Foral».
Han reprochado que «se sirvieron de la artimaña del delito de terrorismo para hurtar el caso a la Audiencia Provincial de Navarra» y han censurado que «hasta el último día del juicio no se permitió la presentación de un video que demuestra la inverosimilitud del relato en que se sustenta esa sentencia».
Para Altsasu Gurasoak, «no se ha garantizado el derecho a una defensa efectiva» y «no se ha respetado la presunción de inocencia». Han asegurado que «se ha manoseado y retorcido el Derecho para elevar penas al máximo utilizando agravantes que no corresponden» y han criticado que la sentencia «se permite el lujo de usar hipotéticos para inculpar en lugar de demostrarlo». «La pena impuesta no resiste un análisis comparativo con casos similares o más graves», han aseverado para rechazar que «se están extralimitando con la prisión provisional».
Han afirmado que «estamos asistiendo a la vulneración de derechos humanos fundamentales» como «el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo e imparcial, a las garantías necesarias para la defensa, a la libertad y a la proporcionalidad en las penas». «Las instituciones que deberían velar por esos derechos, las instituciones que deberían protegernos, son las que agreden, retuercen y atropellan en un auténtico ejercicio de abuso de poder», han censurado.
Tras citar las muestras de apoyo sociales, institucionales y políticas, han lamentado que «siguen ciegos ante la realidad, siguen sordos ante el clamor de esta sociedad que no tolera estas vulneraciones de derechos básicos, siguen sedientos de venganza, represalias y castigos».