El máximo responsable de la Policía Nacional en Cataluña el 1-O, el comisario Sebastián Trapote, ha confirmado este jueves durante su declaración en el juicio por el procés independentista en el Tribunal Supremo el relato de sus superiores al señalar que en la mañana de la jornada del referéndum tuvieron que poner en marcha «el plan b» que habían previsto ante la falta de actuación de los Mossos d'Esquadra, consistente en sustituir a la fuerza policial autonómica.
A preguntas de la representante de la Abogacía del Estado Trapote ha llegado a calificar de «utopía» que dos o tres mossos por colegio fueran suficientes para cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de evitar las votaciones y requisar el material, mientras que a preguntas del abogado Javier Ortega Smith, que ejerce la acusación popular en representación de Vox ha resumido: «Hicieron un dispositivo, pero enfocado sobre todo a salvaguardar la seguridad colectiva, y es imposible que con ese dispositvo y esos efectivos pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio».
Trapote ha calificado de «pasiva» la actuación de los mossos porque «los centros estaban abiertos y las vísperas habían sido utilizadas para actividades lúdicas y hasta se pernoctó por la noche», por lo que preguntado por la fiscal Consuelo Madrigal ha subrayado que no cree que la labor de los agentes autonómicos fuera eficaz.
Trapero
También ha indicado que desde días anteriores tenían «indicios» de que podría haber algún problema con los Mossos, entre los que ha citado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Traprero, fuera desde el principio «reacio» a ser coordinado por el coronel Diego Pérez de los Cobos, designado para ello por el fiscal superior en Cataluña. Ha recordado que el propio representante del Ministerio Público le señaló que el dispositivo que inicialmente había presentado, de dos mossos por centro de votación, era insuficiente.
De hecho, la instrucción dictada por el entonces secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, ya contemplaba que si en un momento determinado los Mossos no actuaban, tanto Policía como Guardia Civil harían «la sustitución», según Trapote. En todo caso, el mando ha descrito como colaborativa la actitud durante las reuniones de coordinación previas del jefe de los Mossos Ferrán López, que era el que acudió por parte de este cuerpo policial.
Ya en el turno de las defensas Trapote ha sido preguntado sobre si desde el resto de cuerpos se hizo alguna sugerencia respecto al plan de 'binomios' de los Mossos, a lo que ha respondido que la llamada de atención que le hizo el fiscal superior fue lo suficientemente clara para decirle que dicho plan no servía. «Al mayor de los Mossos no le vamos a decir qué plan tiene que presentar», ha señalado.
Cuestionado sobre cuáles fueron los principios de actuación de la Policía en aquella jornada, Trapote ha respondido que el dispositivo era de «especial sensibilidad», ya que tenían que conjugar dos factores, «garantizar la seguridad colectiva y por otro lado dar cumplimiento a un mandato judicial».
Por lo que se refiere a la intervención de la Policía durante la jornada del 1-O, ha señalado que la labor de los agentes era la de entrar y levantar acta pormenorizada de las dificultades que habían tenido para ello, para una vez dentro requisar el material para las votaciones.
Ciudadanos «enrabietados»
El jefe policial ha descrito como «agresividad de alta virulencia» la actitud de los ciudadanos de algunos de los colegios, que a su juicio estaban «perfectamente organizados» porque sabían «cómo tenían que hacer la resistencia» mediante cadenas humanas y bloqueando, agrediendo y empujando a los agentes.
Se empleó la «mínima fuerza imprescindible» , de manera «congruente, racional y proporcionada» y una vez se constató que la gente estaba votando, según Trapote, que ha rechazado que los agentes de la policía pudieran «mediar» con los ciudadanos dada la situación con la que se encontraron.
«Nuestro ideal sería que para cumplir el mandato judicial tuviéramos una entrada sin obstáculos y que nos dieran las urnas pero esa situación no se dio, materialmente imposible», ha reconocido, para subrayar más tarde a uno de los letrados que «la Policía no se dedica a golpear de de una manera gratuita».
En otro momento, y a preguntas de la fiscal Madrigal, ha reconocido que en el entorno de los centros que lograron entrar los ciudadanos estaban «aún más cabreados, enrabietados», por lo que los agentes debían emplearse al salir «con más virulencia que en la entrada. Quien decía a los agentes cuándo había que actuar y cuándo replegarse era, según Trapote, el jefe de cada uno de los sectores del grupo operativo de la Unidad de Intervención Policial (UIP).
En algún caso concreto la «virulencia» fue tal que tuvieron que replegarse «porque si no la consecuencias hubieran sido lamentables tanto para los policías como para los ciudadanos» y ello está acreditado y documentado, según ha relatado el testigo.
Sobre el colegio en concreto el abogado Jordi Pina -que representa entre otros al líder de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez- ha solicitado que se exhibiera al testigo un vídeo de la actuación policial y ello ha sido rechazado por el presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha tranquilizado a las defensas asegurando que durante la fase documental se verán todos los vídeos incorporados a la causa.
Ya en el turno de las defensas Trapote ha sido preguntado sobre si desde el resto de cuerpos se hizo alguna sugerencia respecto al plan de 'binomios' de los Mossos, a lo que el jefe policial ha respondido que la llamada de atención que le hizo el fiscal superior fue lo suficientemente clara para decirle que dicho plan no servía. «Al mayor de los Mossos no le vamos a decir qué plan tiene que presentar», ha señalado.
Trapote también ha sido preguntado por el abogado Andreu Van Den Eynde, que defiende entre otros al exvicepresident Oriol Junqueras, por el número de policías que resultaron heridos en la jornada del 1-O, que según el testigo fueron 65, casi todos ellos a consecuencia de su actuación en los colegios. Ha añadido que si alguno se lesionó al caer en la furgoneta, por ejemplo, constará en las actas, en las que se explica de forma pormenorizada, según el testigo, cómo se ha producido cada lesión.
Finalmente, y a preguntas de abogado Alex Solá, que representa al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, el jefe de Policía de Cataluña se ha referido a varias grabaciones realizadas por la policía de sus intervenciones en colegios de Girona, Tarragona y Lleida que no han sido incorporadas a la causa. Según contestado, todas ellas están a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que es uno de los que investiga denuncias contra los policías.
Este letrado también ha inquirido al testigo sobre la intervención de la Policía en la sede de la CUP en Barcelona, para cuya entrada no había orden judicial de registro. A este respecto el policía ha explicado que había sospechas de que en la sede del partido político se acumulaba material propagandístico sobre la campaña y se vio la salida de personas portando bultos y papeles que metieron en un vehículo.
Solicitaron entonces un mandamiento judicial para proceder al registro de la sede y montaron un dispositivo para «asegurar» sus alrededores, aunque al no obtener la orden éste fue levantado.