El publicista Ferran Burriel, director de la agencia NotingAD, ha admitido este miércoles durante su declaración como testigo en la causa por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo que renunció a cobrar -se emitió una factura negativa- respecto de una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017, relativa al registro de catalanes en el exterior.
«¿Ochenta mil euros, tiraos?», le ha inquirido el fiscal Jaime Moreno, que ha añadido que si él los pierde le «da algo» ya que a dicha cantidad no se tiene acceso todos los días. El testigo ha contestado afirmativamente y subiendo los hombros, para añadir más tarde también a preguntas del Ministerio Público que actualmente su empresa sigue trabajando para el gobierno autonómico de Cataluña.
Burriel es uno de los testigos que han sido citados este miércoles junto a otros empresarios que trabajaron en campañas publicitarias realizadas por la Generalitat antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre. Ha señalado que su empresa ha sido adjudicataria de varios concursos publicitarios convocados por la consejería de Presidencia, y que no tuvo ninguna constancia de que se les advirtiera de no hacer campañas referidas al referéndum.
Sobre la campaña concreta para los catalanes en el Exterior, el testigo la ha situado en marzo de 2017 y ha explicado que estaba dirigida a informar sobre las ventajas que podrían disfrutar los ciudadanos que se registraran, como los de contar con centro médico y carnet joven. Si bien se emitió factura por 80.440 euros, el dinero no llegaba por lo que a principios del mes de septiembre el publicista reclamó a la Generalitat. Finalmente, ha reconocido que e emitió un abono (factura negativa) renunciando al cobro de la misma.
Con anterioridad a este testigo a prestado declaración Olga Solanas, responsable de Focus Media, una empresa que tiene firmado un contrato-marco de 2,7 millones de euros con la Generalitat para la difusión de sus campañas, y que se encargó de «comprar» los espacios publicitarios para la referida al registro catalanes en el Exterior.
TAMPOCO COBRARON LOS INTERMEDIARIOS
Su actividad no tiene que ver con el contenido de los mensajes, por lo que Solanas no ha podido reconocer el anuncio concreto que se le ha exhibido en la sala, si bien ha dicho que en su momento pudo ver otras variedades del mismo en prensa. No obstante, ha reconocido que aunque facturaron esta campaña concreta no la cobraron.
También le ha preguntado la Fiscalía a esta testigo sobre otra campaña emitida en septiembre, la de 'Civisme' cuya creatividad ha dicho que no se encargó a ninguna agencia porque fue realizada directamente por la Generalitat. En este caso Focus Media también buscó los espacios publicitarios, si bien ha recordado que algún medio le reclamó tarifa aparte -le advirtió que el anuncio no podía considerarse que entrara como publicidad institucional homologada-, por considerarlo una «campaña política».
La Fiscalía también ha preguntado a un tercer testigo, el director de El Punt Avui, Xavier Xirgo, por las campañas publicitarias del referéndum. Para este interrogatorio, el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha avisado al testigo de que por ser periodista «le ampara el secreto profesional» y puede negarse a responder en caso de que el contenido esté relacionado directamente con su labor periodística.
EL TESTIGO PERIODISTA
Xirgo ha explicado que la campaña publicitaria de las vías del tren se insertó en la página web y en la televisión del grupo «sin ánimo de lucro», algo que, según su versión, se hace a veces cuando se abordan cuestiones de «valores fundamentales» y que así lo consideraron en el mencionado anuncio.
«Aparte de informar y opinar, en algunos temas, si son temas fundamentales, como la discriminación, pues (la publicidad) se inserta de forma gratuita; no es habitual, pero sí para transmitir valores fundamentales, sociales, éticos y democráticos. Con el Gran Recapte o la Fundación Pasqual Maragall lo hemos hecho. La empresa pensó que el derecho a decidir era un valor fundamental», ha remarcado.
El testigo ha dicho que cree que no hubo encargo de la Generalitat para emitir esta campaña, que fue «iniciativa» del departamento comercial de El Punt Avui y que obtuvieron el vídeo de las redes sociales. También ha recalcado que en el momento en que recibieron el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenando su prohibición, dejaron de emitir.
En cambio, el director de El Punt Avui sí ha reconocido que la campaña publicitaria sobre el registro de catalanes en el exterior se publicó en prensa y en ese caso sí facturaron un total de 26.000 euros, aunque no ha concretado si cobraron la factura.
En esta décimo segunda sesión del juicio también estaba citada la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria Llorach, si bien ha preferido no contestar a las preguntas al estar imputada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre.