La letrada de la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha anunciado este martes a las puertas del Tribunal Supremo que su equipo jurídico ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el auto del Tribunal Supremo y las resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional que mantienen a su representada en prisión provisional.
De este modo, Forcadell se convierte en la primera de los acusados por el proceso independentista de 2017 en acudir a la instancia con sede en Estrasburgo, si bien es conocida la intención del resto de acabar recurriendo al este tribunal de garantías, cosa que solo es posible una vez se ha agotado la vía judicial en España.
Arderiu ha convocado a los medios para realizar este anuncio minutos antes de que en el Palacio de las Salesas comenzase la declaración de Forcadell, la última de los 12 acusados en el juicio por el proceso independentista catalán de 2017 que responderá ante el tribunal.
Declaración
El tribunal del caso del 'procés' en el Tribunal Supremo ha reanudado su sesión de este martes a las 16.05 horas con la declaración de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la última de las acusadas en ser interrogada, que ha ha anunciado que contestará a la fiscal Consuelo Madrigal y también a la representante de la Abogacía del Estado, y se ha sumado a la protesta de otros encausados por no contar con traducción simultánea para poder expresarse en catalán.
«Aunque puedo entender las razones de este tribunal, la realidad es que por motivos ahora jurídicos o por razones económicas y sociales el catalán siempre acaba siendo una lengua minorizada y los catalanes sentimos que nuestros derechos lingüísticos son vulnerados», ha manifestado, para añadir que no tenía ningún problema para hablar español. «Es una lengua de Cataluña y además es la lengua materna de muchos catalanes», ha señalado.
Forcadell se enfrenta a una pena 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que Vox pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.
La Fiscalía le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. En su escrito de acusación provisional destaca también la participación de la exmandataria en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña.
La defensa de la expresidenta del Parlament, por su parte, la desvincula de cualquier decisión de la convocatoria del 1-O, así como de la aprobación de la DUI, sobre la que explica que llegó al Pleno de la cámara autonómica a petición de los grupos parlamentarios.
Argumenta que nunca participó en la toma de decisión del Govern en torno al proceso soberanista y que cuando Junts pel Sí y la CUP pidieron debatir y votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, se limitó a actuar de acuerdo al reglamento del Parlament.