La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha confirmado este martes que el Gobierno está negociando con los sindicatos una oferta pública de empleo para 2019, para dar «seguridad» a los opositores y «garantía» de que los servicios públicos van a seguir funcionando.
En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo, Batet ha dejado claro que esta convocatoria de empleo, cuyo número de plazas no está decidido, responde a un compromiso adquirido por el Gobierno con los sindicatos y que no va a «dejarla para después de las elecciones».
«La cifra no la puedo adelantar porque estamos trabajando en ella, viendo todos los sectores y las necesidades» con el objetivo de «reforzar especialmente» aquellos que tengan «poco personal», ha explicado la ministra.
Asimismo, ha indicado que «los sindicatos están ayudando y colaborando estrechamente con el Ministerio para que esta oferta cubra las expectativas y necesidades de los ciudadanos».
Negociaciones
Los sindicatos han precisado que las negociaciones propiamente dichas no han comenzado, pero que sí hay intención de iniciarlas a mediados de marzo con el objetivo de que la oferta esté aprobada antes de las elecciones del 28 de abril.
En principio, dado que el presupuesto en vigor es el prorrogado de 2018, para la oferta se aplicarán criterios similares a los recogidos en las cuentas del año pasado, cuando se acordaron 33.606 plazas (8.292 de promoción interna, 7.638 para estabilización y 17.676 por tasa de reposición y otros conceptos).
CCOO ha considerado «lógico» que la oferta se apruebe antes de los comicios, ya que de lo contrario el tiempo necesario para constituir las Cortes y conformar Gobierno podría llevar a que no hubiera convocatoria este año.
Por su parte, UGT asegura que ha reiterado al Gobierno el problema del envejecimiento de la plantilla de la administración general del Estado, por lo que ha pedido un plan integral de carácter plurianual.
También CSIF ha reclamado la aprobación de la oferta de empleo público antes de que cese el Gobierno y que esta incluya creación de empleo, ya que 31.801 trabajadores de la administración central tienen más de 60 años «y por tanto se encuentran a las puertas de la jubilación».
En concreto, insta a reforzar instituciones penitenciarias (con 1.500 plazas), Seguridad Social y servicios de empleo público (5.000 plazas) y Agencia Tributaria (4.000 plazas), así como 6.500 plazas de promoción interna.